En su exposición de motivos, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI planteó que es necesario que la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, remita a la Comisión Permanente, un estudio detallado sobre las medidas que tomará para garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes que sean deportados al país.
Precisó que el gobierno federal debe cumplir su obligación de velar por la protección de este sector, más aún cuando corren el riesgo de caer en manos de la delincuencia y ser víctimas de delitos como trata de personas. Señaló que el aumento de niñas, niños y adolescentes migrantes es por engaño de traficantes, quienes les aseguran a las familias que con menores de edad es más fácil el acceso a Estados Unidos.
La también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia subrayó que esto queda de manifiesto cuando en los primeros 9 meses de 2022 sumaron por deportación 19 mil 415 infantes mexicanos, en comparación con los 17 mil 77 registrados en 2021. Además de esa cifra, anotó, 15 mil 645 no iban acompañados por ningún mayor de edad.
Puntualizó, de acuerdo a datos oficiales de Gobernación, en un lapso de 5 años, Estados Unidos ha regresado al país a 217 mil 732 menores de distintas nacionalidades de Sudamérica, Centroamérica y México. También mencionó en la actualidad, los camiones grandes, han surgido como un método para poder transportar a migrantes ilegales.
La legisladora reconoció que el riesgo es por igual para todos los que intentan llegar a la Unión Americana, pero, apuntó, esta problemática resulta aún mayor, cuando se pone en peligro la vida e integridad de las niñas, niños y adolescentes.
Por ello, recalcó que en el marco del nuevo acuerdo migratorio firmado por el gobierno mexicano para recibir hasta 30 mil migrantes deportados de EU, se debe mantener en todo momento el principio de interés superior de la niñez y el respeto a sus derechos humanos.