Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Princess deberá pagar una multa adicional de un millón de dólares y tomar "medidas correctivas" para garantizar que ella y la empresa matriz, Carnival Cruise Lines, "establezcan y mantengan una oficina de investigación interna independiente" conocida como Análisis de Incidentes (IAG), señaló en un comunicado el Departamento de Justicia de EE.UU.
En 2017, Princess Cruise Lines Ltd., con sede en Santa Clarita (California), se declaró culpable de siete cargos criminales, entre ellos el de encubrimiento en un caso de contaminación marina, delitos por los que fue condenada a pagar una multa de 40 millones de dólares.
"Esta fue y sigue siendo la multa penal más grande de la historia por contaminación intencional de los barcos", resaltó el Departamento de Justicia de EE.UU.
Las acusaciones estaban relacionadas con el vertido ilegal de desechos contaminados con petróleo del crucero "Caribbean Princess", vinculados a paradas en puertos de nueve estados de Estados Unidos y dos de sus territorios, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, precisó entonces la Fiscalía de EE.UU.
Como parte del acuerdo con la Fiscalía, ocho de las líneas de Carnival, entre ellas Carnival Cruise Line, Holland America Line N.V., Seabourn Cruise Line Ltd. y AIDA Cruises, se sometían a un programa de supervisión ambiental durante cinco años.
Pero en 2019, Princess fue condenada de nuevo, esta vez por "seis violaciones de libertad condicional" y multada con 20 millones de dólares adicionales.
En una carta de octubre de 2021 dirigida a la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Patricia A. Seitz, dos empresas auditoras independientes concluyeron que las fallas continuas "reflejan una barrera más profunda: una cultura que busca minimizar o evitar la información que es negativa, incómoda o amenazante para la empresa".
Este caso muestra "la importancia de abordar los problemas de cultura y estructura corporativa y las causas profundas del incumplimiento ambiental", dijo Todd Kim, fiscal general adjunto de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia.
Para Juan Antonio González, fiscal del Distrito Sur de Florida, la acusación y multa muestran que, "al igual que los individuos acusados, las corporaciones encausadas deben cumplir con las órdenes del tribunal".
