En un comunicado, el Senado indicó que el acuerdo, respaldado con 66 votos, fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
El acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, y México lo suscribió el 27 de septiembre de ese año.
Para que entre en vigor requiere que 11 países lo ratifiquen.
El instrumento tiene como objetivo "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y justicia ambiental".
También busca la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación.
Por otro lado, pretende contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Además, incorpora directrices tendientes a que los Estados Parte impulsen y promuevan la transparencia, participación del público en la toma de decisiones y en cualquier acción u omisión que afecte el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a esta materia.
También establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Para ello, pide "la implementación de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos, incluidos, la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación, entre otros".
El Senado recordó que el Acuerdo es resultado de una fase preparatoria de dos años y de nueve reuniones del Comité de Negociación, en las que México participó activamente compartiendo propuestas, experiencias y buenas prácticas.
Esto se tradujo en la adopción de un acuerdo que robustece los marcos normativos de los países de la región y alienta el desarrollo sostenible con mayor bienestar, inclusión e igualdad.
El dictamen precisó que el Estado mexicano hizo declaraciones interpretativas de los conceptos "daño" y "daño significativo" para mantener la congruencia entre estos y el marco jurídico nacional.
En particular, busca coherencia con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como el equilibrio ecológico y protección al ambiente.
