Ribera: "Hemos entrado en una nueva fase en la lucha contra delitos medioambientales"

"Hemos entrado en una nueva fase", donde la cooperación internacional a través de organismos como Europol hace que la lucha contra los delitos medioambientales sea "más efectiva y eficiente", dijo Ribera en un acto en el Parlamento Europeo organizado por la Guardia Civil española, la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el crimen y las organizaciones ecologistas TRAFFIC y WWF.

Ribera relacionó los delitos medioambientales con otras actividades del crimen organizado, consideró que combatirlos requiere "esfuerzos largos y sostenidos" y celebró que desde hace un año, cuando se aprobó la Directiva, la UE cuenta con "un paso adelante adicional" contra una lacra para la que también hace falta anticipación, coordinación y educación.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea trasladó a los asistentes, muchos de ellos de fuerzas del orden de varios Estados miembros, el compromiso "total" de la Comisión Europea en garantizar que se aplique la nueva normativa y dijo ser consciente de que hacen falta más recursos.

La UE se dotó hace un año de la Directiva sobre Delitos Medioambientales, que introduce nuevas categorías de delitos como el reciclaje ilegal de barcos, la extracción ilegal de agua o infracciones graves de la legislación sobre productos químicos y mercurio.

Contempla también infracciones graves relacionadas con los gases fluorados de efecto invernadero e infracciones graves de la legislación sobre especies exóticas invasoras, además de castigar el comercio ilegal de madera, y los Estados miembros tienen aún un año para trasponerla a su legislación doméstica.

La Directiva no recoge finalmente el concepto de "ecocidio", pero sí el de "delito cualificado", que abarca a incendios forestales a gran escala o contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, que pueden ser castigados con ocho años de prisión, en caso de que causen la muerte de una persona con diez años, y los demás delitos con hasta cinco años.

"Es uno de los mayores logros del Pacto Verde en el área medioambiental, y ha pasado por debajo del rádar", dijo la directora general de Medioambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, quien subrayó que "proteger el medio ambiente y hacer respetar el Estado de derecho, objetivos muy importantes en los tiempos que corren".

La alta funcionaria reclamó formación a fiscales y jueces, recursos suficientes, inteligencia, mecanismos de cooperación entre países e instituciones internacionales y también entre diferentes ministerios, como Finanzas, Interior o Medioambiente, para que la implementación de la normativa sea exitosa.

"No es fácil", reconoció.

El secretario de Estado de Seguridad español, Rafael Pérez Ruiz, señaló que la lucha contra los delitos medioambientales "es y será una prioridad nacional, europea y global" y animó a la Comisión Europea a que introduzca esos conceptos en la estrategia de seguridad interior que prepara el Ejecutivo comunitario.

Pérez Ruiz subrayó que Europa es una fuente, punto de paso y de venta del tráfico ilegal de especies o residuos y reclamó "mayor involucración en la protección del medio ambiente, especialmente Europol" y más profesionales especializados en análisis forense, identificación de malhechores y, en particular, más esfuerzos para confiscar "el beneficio económico del delito".

La legislación española ya prevé penas de cárcel para delitos medioambientales como los vertidos contaminantes, la gestión ilegal de residuos, causar daño a espacios naturales protegidos o el tráfico ilegal de especies, pero con penas que van sólo de los seis meses a los cinco años de reclusión, por lo que la normativa europea obligará a endurecer los castigos y retocar también algunos de los supuestos.

"Ahora es el momento", apuntó el responsable de la Guardia Civil española Ramón González Gallego, para subrayar la urgencia de que la UE se convierta en una referencia en cooperación contra los delitos medioambientales.

El perjuicio al medio ambiente está estrechamente relacionado con los "grupos criminales organizados" que "desestabilizan la economía legal a través de la competencia desleal y la corrupción", dijo el responsable de medioambiente y salud de la Gendarmería francesa, Fabrice Bouillie, quien mencionó también el "impacto medioambiental de la producción de drogas sintéticas".