Se trata del proyecto de ley 131 de 2020 que regula la Pesca, la Acuicultura y las actividades conexas en la República de Panamá, aprobado el pasado 29 de octubre por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
La AN, de 71 escaños y mayoría oficialista, "aprobó de una manera acelerada el proyecto de ley, sin escuchar y atender propuestas de reformas que vinieron tanto del sector de las ONG's como de la parte científica y que incluso fueron respaldadas por el Ministerio de Ambiente", afirmó en entrevista con Efe la gerente de Incidencia Política de la Fundación MarViva, Tania Arosemena.
MarViva es una de la veintena de organizaciones civiles y de representantes del sector científico que enviaron una carta al presidente Cortizo en la que le piden que vete parcialmente la iniciativa de ley.
VICIOS Y RETROCESOS DEL PROYECTO LEGISLATIVO
El acceso a mercados internacionales que reconocen un mejor precio en materia pesquera exige, para cada país, el cumplimiento de estándares de aprovechamiento regulado, declarado, trazable y racional del recurso, dijeron los expertos, que recordaron que Panamá, pese a diversos esfuerzos, sigue sin cumplir plenamente con las normas globales en la materia.
Y en ese contexto, el proyecto 131 expone al país "a que nuevamente reciba restricciones en mercados de EE.UU. y Europa", alertaron.
Esto es así porque el proyecto legislativo plantea una "ambigüedad en cuanto al tema de las sanciones" a quienes infrinjan las normas, "lo que al final puede ir en contra de lo que nos están exigiendo a nivel internacional, por ejemplo la Unión Europea (UE), de fortalecer el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", explicó Arosemena.
Esta ambigüedad, señaló la activista, queda en evidencia cuando el proyecto le quita a la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP) la potestad de "revocar" la licencia a quienes violen las normas locales e internacionales en materia de pesca y acuicultura, pudiendo solo aplicar suspensiones y multas.
La cuantía de las multas, explicó Arosemena, fueron además reducidas como resultado de unos nuevos parámetros para calcularlas que no toman en cuenta aspectos relevantes.
Esto crea la posibilidad de que las licencias sean a perpetuidad, una situación que no solo no promueve la sostenibilidad del recurso, sino que crea fueros y privilegios, "ambas situaciones violatorias de la Constitución Política", indicaron en su carta los científicos y activistas.
Otro "retroceso" del proyecto "es que se modifica la representación balanceada" de los miembros de la Comisión Nacional de Pesca Responsable, excluyendo a representantes de las ONG's y las organizaciones de investigación científica, lo que va en contra de compromisos internacionales suscritos por Panamá.
Se mantienen además "vicios" de un decreto vigente desde 1959, pues el proyecto legislativo no define claramente a la pesca artesanal y a la pesca semi-industrial, añadió Arosemena, lo que debilita uno de los objetivos prioritarios de la iniciativa como es "regular, identificar y gestionar las pesquerías en el país".
LO BUENO DEL PROYECTO DE LEY
Arosemena aseveró que todos los sectores reconocen que el proyecto legislativo tiene aspectos positivos, entre ellos que "se reconoce un enfoque ecosistémico, una visión integrada entre el ambiente y los recursos (pesqueros) y cómo manejarlos".
Dentro del proyecto se reconoce "la importancia de los procesos de planificación y la ordenación de las pesquerías", así como regulaciones a la acuicultura y a las especies ornamentales, entre otros.
"Lo más positivo" del proyecto legislativo "es que todos los sectores reconocemos que la pesca en Panamá hoy no es la misma de hace 60 años, y por eso es bueno proyectar el tener una nueva ley en el corto plazo. Sin embargo sí instamos en que el presidente Cortizo pueda revisar y ajustar los aspectos que empañan la ley y que pueden ser solucionados", agregó Arosemena.
