La postura pactada por los Estados miembros mantiene las líneas generales de la propuesta inicial que presentó la Comisión Europea el pasado marzo, con un recorte de las emisiones medias del 45 % para los nuevos vehículos en 2030, un incremento respecto al 30 % de la normativa vigente, y a continuación un 65 % en 2035 y un 90 % en 2040.
"Los ciudadanos merecen vivir en un entorno más verde y saludable, y ahora estamos un paso más cerca de este objetivo. Al mismo tiempo, estamos asegurando la competitividad de la industria, al aclarar el camino para nuevas inversiones", declaró en un comunicado la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.
Los Veintisiete, según su postura común que tendrá que pactarse aún con la Eurocámara en su versión definitiva, introducen cierta flexibilidad en la implementación de la regulación, como una excepción para los pequeños fabricantes, vehículos utilizados en minería, silvicultura y agricultura.
También proponen conceder un trato especial a los vehículos utilizados por las fuerzas armadas, servicios de bomberos, protección civil, orden público, atención médica y vehículos vocacionales como camiones de basura.
Entre las modificaciones incorporadas a la propuesta del Ejecutivo comunitario, los Estados miembros modificaron la definición de "vehículo pesado de emisión cero" pero manteniendo dentro a los vehículos de hidrógeno, y propusieron una nueva categoría para incluir camiones de combinación extra pesada para tener en cuenta mejor sus características, precisó el Consejo.
Autobuses urbanos
Uno de los puntos más controvertidos del debate en el consejo de ministros de Medioambiente de los Veintisiete fue el tratamiento a los autobuses interurbanos.
El enfoque de los Veintisiete establece un objetivo de emisión cero para el 100 % de la flota de ese tipo de vehículos en 2035 y un objetivo intermedio en 2030 del 85 %, en línea con la posición defendida por Francia, que argumentó que muchos municipios que acaban de renovar la flota y han invertido en otras formas de reducción de CO2.
El Consejo acordó eximir a los autobuses interurbanos de este objetivo y se añadieron una serie de cláusulas de revisión, como considerar las inversiones nacionales ya realizadas y posibles limitaciones debido a la morfología territorial o las condiciones meteorológicas específicas en los Estados miembros.
Las capitales quieren que en 2027 la Comisión Europea revise la regulación, un año antes de lo que había propuesto el Ejecutivo comunitario, y también que se analice la evolución de la infraestructura de recarga.
En esa revisión, la Comisión también tendrá que hacer una evaluación del llamado "factor de corrección de carbono", que se refiere a cómo calcular qué porcentaje de la mezcla de un vehículo proviene de combustibles sintéticos y biocombustibles neutros en carbono, restando el resultado de las emisiones de CO2 calculadas para los nuevos camiones y autobuses diésel.
En contra de esa medida, que critican organizaciones ecologistas como Transporte y Medioambiente, se posicionaron países como Francia, Alemania y se mostraron a favor Estados como Polonia o República Checa, que junto con Eslovaquia se abstuvieron en la votación final.
