La reglamentación aprobada por la Eurocámara -por 370 votos a favor, 199 en contra y 46 abstenciones- tendrá aún que ser adoptada por el Consejo de la UE para adquirir carácter oficial.
La Revisión de la Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios, actualizada por última vez en 2018, también prevé que los Estados miembros renueven al menos el 16 % de los inmuebles no residenciales de su territorio con peor rendimiento energético para 2030 y el 26 % para 2035.
Los edificios consumen el 40 % de la energía de la UE y son responsables del 35 % de las emisiones de CO2 del territorio comunitario, por lo que el objetivo último de la reforma es que todos los inmuebles de la Unión Europea, nuevos o viejos, sean climáticamente neutrales a mitad de siglo.
Costos
La Comisión Europea estima que los Veintisiete necesitarán 275,000 millones de euros al año de aquí a 2030 para renovar el parque de edificios, lo que supone 152,000 millones de euros más que en el contexto actual, aunque la situación de cada país es diferente y los costes también variarán.
Por eso, la directiva otorga flexibilidad a los Estados miembros y cada capital podrá diseñar su hoja de ruta para alcanzar los objetivos, en la que deberá cuantificar el coste estimado y describir de dónde sacará los fondos, y que evaluará la Comisión Europea.
Se prevén excepciones, por ejemplo, para edificios históricos, agrícolas, militares o en uso temporal.
Los costos, en todo caso, se verán compensados en parte por el aumento de la actividad económica, facturas energéticas más baratas, menos ciudadanos en situación de pobreza energética y mejoras para la salud en general al contribuir a mejorar la calidad del aire, según el análisis de los legisladores.
Los legisladores esperan que el 40 % de los fondos sean públicos y el 60 % privados, y destacan el papel que tendrá en la financiación el Banco Europeo de Inversiones.
Calefacción y energía
La revisión de la directiva, que parte de una propuesta de la Comisión Europea de diciembre de 2021, llama también a eliminar los sistemas de calefacción con combustibles fósiles en 2040 y a dejar de subsidiar las calderas independientes a base de hidrocarburos desde 2025.
Otra de la novedades que incluye es que desaparece la obligación de aumentar la eficiencia energética a través de umbrales mínimos que deben alcanzar individualmente cada inmueble.
Los Estados miembros tendrán ahora que garantizar una reducción de la energía primaria media que utilizan los edificios residenciales en al menos el 16 % para 2030 y entre un 20 y un 22 % para 2035 y deberán renovar también el 16 % de los edificios no residenciales menos eficientes para 2030 y, para 2033, el 26 % con menor eficiencia mediante requisitos mínimos de eficiencia energética.
Se les exigirá también que garanticen la instalación de paneles solares en los edificios nuevos, los edificios públicos y los edificios no residenciales ya existentes que se sometan a una renovación que requiera un permiso, y se buscará reforzar la formación de trabajadores en tecnologías limpias.
Además, los países de la UE tendrán que habilitar ventanillas únicas para agrupar los servicios de asistencia técnica sobre la eficiencia de los edificios, indicó la Eurocámara en un comunicado.
El negociador jefe por parte del Parlamento Europeo, el eurodiputado irlandés de Los Verdes Cirian Cuffe, comentó en una charla con EFE y otros medios de comunicación previa al voto que la nueva normativa crea el modelo para descarbonizar el parque de edificios, pero reconoció que "es un viaje largo", y subrayó el alcance geopolítico de la medida.
"Si aislamos los edificios, aislaremos también a (el presidente ruso, Vladímir) Putin", aseguró.