Por emitir un dictamen vinculante positivo para favorecer la siembra comercial de 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas, sin tomar en cuenta opiniones de expertos, Greenpeace presentó hoy ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), y Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.
El permiso avalado por la DGIRA-Semarnat, firmado por Alfonso Flores Ramírez y por Mauricio Limón Aguirre para la siembra comercial de soya transgénica -tolerante al herbicida glifosato- de la empresa Monsanto, ocurrió a pesar de existir una suspensión de oficio dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Mérida, Yucatán, para la siembra de 30 mil hectáreas de soya transgénica solicitada por Monsanto en 2011-debido a los daños irreparables que puede ocasionar al medio ambiente y los riesgos que representa para la salud humana-.
El dictamen positivo vinculante que otorgaron ambos funcionarios de Semarnat contraviene las opiniones técnicas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y del Instituto Nacional de Ecología (INE) quienes dieron dictamen no favorable, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que recomendó - dado el evidente riesgo de afectación a áreas naturales protegidas por contaminación del glifosato, así como de afectación a la polinización favorecida por la apicultura- hacer una evaluación del impacto ambiental de la soya transgénica antes de ser liberada.
El Reglamento Interior de la Semarnat (artículo 27, fracción XX) establece que las opiniones técnicas científicas son obligatorias. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no puede dar permisos para la siembra de transgénicos sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad que emita la Semarnat, previa opinión técnica vinculante, análisis y evaluación de riesgo del INE, de la Conabio y, en su caso, opinión de la Conanp.
"Para emitir su dictamen de bioseguridad, Semarnat debe tomar en cuenta - de manera obligatoria- la opinión técnica del INE, de la Conabio y de la Conanp; hacer lo contrario es faltar a sus obligaciones y por ello los funcionarios que firmaron el dictamen vinculante positivo para la siembra comercial de soya transgénica merecen ser sancionados por su falta de ética en el servicio público”, explicó María Colín, asesora legal de Greenpeace.
“Si esta clase de servidores públicos no escuchan los argumentos técnicos–científicos de sus propios especialistas que les señalan los riesgos y los numerosos inconvenientes de la liberación comercial de soya transgénica, de quién se asesoran entonces para emitir sus dictámenes? ¿En manos de quién está la bioseguridad en México?", cuestionó Colín.
“Los funcionarios de la Semarnat decidieron irse por la libre y dar luz verde a la siembra comercial de soya transgénica. Esta decisión irresponsable afectará gravemente al sector apícola de nuestro país. Es urgente que se investiguen los intereses detrás de la toma de decisiones de Alfonso Flores Ramírez y Mauricio Limón Aguirre, antes de que sean irreversibles las afectaciones a este importante sector, al medio ambiente y a la salud de los pobladores de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas”, exigió Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja (Apis mellifera), 40 por ciento se produce en la Península y más de 90 por ciento de la producción anual se exporta a la Unión Europea. Cuarenta mil apicultores y sus familias dependen de la producción de miel. 15 mil familias producen más de 10 mil toneladas de miel, generando una derrama económica superior a los 300 millones de pesos al año. La decisión del Tribunal de Justicia Europeo en el caso C-442/09, al prohibir la venta de miel que contenga polen de cultivos no autorizados o requerir su etiquetado cuando contenga más del 0.9 por ciento de polen de cultivos transgénicos autorizados, plantea una afectación económica para el sector apícola mexicano.
Dado que es inevitable que el cultivo de soya transgénica afecte la calidad y el mercado de la miel de abeja, así como a la salud de las abejas nativas, de los trabajadores del campo y demás habitantes locales, Greenpeace exige la aplicación del enfoque precautorio contenido en la declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; así como en Protocolo de Cartagena, firmado y ratificado por nuestro país, donde se establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
