Solicitarán al fiscal que investigue a 11 dirigentes y miembros de la banda al entender que los crímenes cometidos durante más de medio siglo para intentar conseguir la independencia de la reigión del País Vasco son "imprescriptibles".
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) argumenta que fue "un ataque sistemático contra la población civil" en un escenario sin un conflicto armado y que pudo constituir un delito de genocidio "al haber sido perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial".
Denuncia que el grupo armado es responsable de la muerte de 858 personas, de más de 10,000 intentos de asesinato, persecuciones, secuestros y torturas. Y que el 10 por ciento de la población vasca tuvo que abandonar la región por las amenazas.
Covite responsabiliza al brazo político de ETA -la izquierda independentista vasca, ahora con representación parlamentaria- de una planificación de los crímenes y denuncia que España no los tipifica ni enjuicia como "graves crímenes imprescriptibles".
"El Estado español ha evidenciado una falta de disposición para enjuiciar a los perpetradores", aseguran las víctimas, quienes denuncian la "impunidad" de unos 400 miembros de ETA, especialmente altos responsables e ideólogos.
El grupo armado anunció en octubre de 2011 el cese definitivo de la actividad armada, pero hasta ahora no ha entregado las armas ni se ha disuelto.
El pasado mes de diciembre los presos de ETA reconocieron por primera vez el daño causado y abrieron la puerta a un proceso escalonado e individual para acelerar su salida de prisión en un escenario sin violencia. El gobierno español de Mariano Rajoy insiste en que no negociará ni cambiará su política penitenciaria. (DPA)
