También pidieron respuestas concretas sobre el respeto de las garantías básicas, incluida la regulación del sector privado, para hacerlo consistente con las normas de derechos humanos.
En un comunicado, los expertos pidieron que el documento, que se negocia actualmente en Nueva York, se centre en mejorar la vida de aquellos que viven en la pobreza, en condiciones deplorables y en asentamientos informales.
Que, además, tenga en cuenta a aquellos que no tienen hogar, a los grupos discriminados, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a las mujeres y a los desplazados y migrantes.
Una de las expertas del grupo, la relatora sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha, señaló que en muchos casos el crecimiento económico ha generado guetos, desalojos, desplazamientos y un excesivo aumento del costo de la vivienda, de los servicios y otras necesidades básicas en las ciudades.
El llamado de los relatores también subraya la necesidad de que ese nuevo programa incluya mecanismos para asegurar que los sectores financieros, de desarrollo de infraestructura y conglomerados de bienes raíces, se ajusten a las leyes de derechos humanos.