"Le estoy pidiendo al presidente del Congreso y al Congreso en pleno que pospongan la discusión de las reformas constitucionales", dijo el mandatario a los periodistas en la ciudad de San Marcos, una de las más afectadas por el terremoto, a donde acudió para verificar la atención a los afectados.
Explicó que de ser aprobadas por estos días las reformas que propone a la Carga Magna, según la ley, en un plazo de tres o cuatro meses habría de convocarse a una consulta popular para que la población ratifique las modificaciones, lo cual tendría un costo aproximado de 200 millones de quetzales (unos 25 millones de dólares).
"Lo primero es atender a la gente" damnificada por el sismo, señaló Pérez, por lo que los recursos que se tenían previstos utilizar para la consulta popular serán destinados a la reconstrucción de las zonas damnificadas.
"Ese dinero lo vamos a necesitar para la reconstrucción. Yo soy el primero en lamentar tener que pedirle esto al Congreso porque la modernización del país es algo importante", indicó el gobernante.
El pasado 20 de agosto, Pérez Molina entregó al Parlamento un proyecto para reformar 35 de los 280 artículos de la Constitución de Guatemala, la cual data de 1985, el que según las previsiones del Gobierno sería aprobado en un plazo de tres meses y sometido a consulta popular en los primeros meses de 2013.
El proyecto, que según Pérez Molina pretende "modernizar" el Estado, contempla cambios en materia de seguridad y justicia, transparencia, sistema político y redefine el carácter de la nación al reconocerla como multicultural, multilingüe y multiétnica.
El terremoto del pasado 4 de noviembre dejo un saldo de 44 fallecidos y más de seis millones de afectados, así como destrucción en viviendas e infraestructura, la cual aún no ha sido cuantificada.