En una reunión en Miami, el comité ejecutivo de la SIP alertó sobre la "deteriorada" situación de la "libertad de expresión en las Américas", como consecuencia de la violencia causada por el crimen organizado y el "acoso judicial y legal" a periodistas y medios.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, y el titular del diario ecuatoriano El Universo, Carlos Pérez, reclamaron además a Correa que "desista en la demanda contra ese diario", cuyos directivos fueron condenados la semana pasada a tres años de cárcel y a pagar una indemnización de 40 millones de dólares al presidente.
El mandatario demandó a los propietarios del diario El Universo y a su exjefe de opinión Emilio Palacio por "calumnias injuriosas" vertidas en una columna escrita por este último en la que se acusaba a Correa de "ordenar fuego a discreción y sin previo aviso en un hospital lleno de civiles" el 30 de septiembre de 2010.
En rueda de prensa posterior a la reunión, la SIP mostró "su máxima preocupación" por los asesinatos de 19 periodistas en lo que va de 2011, año que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, calificó "como el más trágico de las últimas dos décadas para la prensa latinoamericana".
En total, y por países, suman cinco los asesinados en México, cuatro en Brasil, cuatro en Honduras y uno en Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela.
La SIP criticó la falta de "voluntad política" de los gobiernos para que se esclarezcan los crímenes y denunció la "gravedad de que muchos casos están prescribiendo".
En ese sentido, Marroquín, también acompañado por el vicepresidente primero de la SIP, Milton Coleman, recordó los compromisos incumplidos por el presidente de México, Felipe Calderón, quien ante una delegación de la SIP en setiembre pasado prometió que impulsaría la federalización de los delitos contra los periodistas y la libertad de prensa.
También lamentaron que en Costa Rica los legisladores descartaran el 27 de junio un proyecto de ley que despenalizaría los delitos por difamación y se mostraron esperanzados en que una iniciativa similar en el Congreso del Perú sea sancionada por el presidente del país, Ollanta Humala, de modo que los periodistas no sean castigados con penas de cárcel por acusaciones relativas a delitos contra el honor.
La SIP también apoyó un recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte de Constitucionalidad de Ecuador para que se elimine el delito de desacato o protección del presidente y otros altos funcionarios ante las críticas.
Además, criticó el acoso judicial en Brasil, El Salvador, Paraguay y Venezuela, donde periodistas y medios de comunicación han sido censurados y multados. Concretamente destacó las sanciones administrativas impuesta a Globovision, en Venezuela, y Teleamazonas, en Ecuador.
Como parte de su informe, la SIP denunció el uso indiscriminado de la publicidad oficial y de la propaganda electoral para castigar a los medios independientes de comunicación, práctica que califica de común en países como Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
La SIP describió de "hipócrita y nefasta" la política de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que en los últimos años han concentrado gran cantidad de medios de comunicación que usan como órganos de propaganda.
Citó el caso de Ecuador, donde el gobierno de Correa posee 19 medios de comunicación, y el de Nicaragua, "donde la situación ha empeorado".
La SIP denunció que estos gobiernos suelen utilizar esos medios para difamar a miembros de la oposición, así como a periodistas independientes y medios privados.
Sobre Cuba, la SIP recordó que continúa siendo el país más restrictivo de todo el hemisferio y denunció que, más allá de la esperanza sobre las reformas económicas, en Cuba los periodistas independientes siguen siendo acosados y sufren arrestos y detenciones temporales como forma de hostigamiento.
