La Alianza Cívica mostró su postura ante la incapacidad y el silencio del Gobierno frente al "deterioro" socioeconómico de Nicaragua, explicó el exdiplomático nicaragüense y miembro del grupo opositor, Carlos Tünnermann, al leer el emplazamiento.
"La aspiración del pueblo de Nicaragua para encontrar una pronta salida al deterioro de las condiciones sociales y económicas y un futuro mejor, nos mueve a emplazar al gobierno a participar en dicha negociación (...) las acciones unilaterales del régimen no han podido, ni podrán resolver el origen del conflicto", destacó la Alianza.
Dos negociaciones anteriores han fracasado debido al incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, según la oposición.
Las futuras negociaciones, referidas por la Alianza Cívica, son la base de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 28 de junio, y una recomendación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) del 10 de julio.
La jurista Azahalea Solís, integrante de la Alianza, recordó que la clave fundamental para que se instauren unas negociaciones "de buena fe", tal como lo mandó la OEA, está "principalmente relacionada con el cumplimiento de los acuerdos" entre el Gobierno y el grupo opositor, de marzo pasado.
En dichos acuerdos el Gobierno se comprometió a dar libertad definitiva a todos los "presos políticos", y a respetar las libertades de expresión y de prensa.
Tünnermann recordó que hasta ahora el Gobierno mantiene a más de 100 manifestantes en las cárceles, y los más de 600 que ya fueron excarcelados no tienen un sobreseimiento definitivo, pero además, todavía están prohibidas la libertad de reunión, manifestación y movilización.
La Alianza también emplazó al Gobierno del presidente Daniel Ortega a cumplir con dichos acuerdos, pero además al "esclarecimiento de la verdad con justicia, reparación y no repetición (sobre los crímenes en el marco de la crisis); y la celebración de elecciones libres, observadas, transparentes y anticipadas".
La crisis de Nicaragua inició hace 15 meses, cuando una aparente mayoría de nicaragüenses se alzó contra Ortega luego de que su Gobierno realizó ataques armados contra manifestantes, con resultados letales.
La crisis de Nicaragua ha dejado unos 326 muertos desde el estallido social contra Ortega 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales establecen la cantidad en 594, por su parte el Gobierno reconoce 200.
La CIDH también sostiene que el Gobierno nicaragüense ha cometido crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis.
La OEA tiene en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.