"Es una injusticia lo que están haciendo", se limitó a decir Martinelli (2009-2014) con actitud calmada y mientras entraba a toda prisa a la sede de los tribunales, sin detenerse a vociferar como tantas veces hizo a lo largo de los casi cinco meses que ha durado este inédito juicio.
En la audiencia de este jueves la Fiscalía, los querellantes y la defensa expondrán sus alegatos finales ante el tribunal, que luego de esto tendrá hasta 24 horas para dar su veredicto.
La sentencia, en caso de que haya, deberá ser anunciada en un plazo máximo de 10 días después de dado el veredicto.
Tanto la defensa del expresidente como la Fiscalía y los querellantes mantienen una actitud triunfante de cara a la decisión de los jueces, mientras que los analistas locales valoran que este caso es una prueba de fuego para un sistema judicial desprestigiado ante la opinión pública.
Martinelli, un carismático político y multimillonario de 67 años, fundador del partido Cambio Democrático (CD), uno de los más importantes del país, es el primer expresidente de la joven democracia de Panamá que se ha sentado en el banquillo de los acusados.
Está acusado de cuatro delitos que suman 21 años de prisión por la supuesta interceptación de las telecomunicaciones a decenas de opositores, empresarios, periodistas y activistas sociales.
Se trata de los delitos de interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años de prisión), seguimiento y vigilancia sin autorización judicial (4 años), peculado por sustracción (10 años) y peculado de uso (3 años).
Martinelli sostiene que es inocente de todos los cargos y que el caso, conocido como "pinchazos", es un "invento" y parte de la "persecución política" que supuestamente le montó su antiguo aliado, el expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019).
Con el argumento de la persecución política, Martinelli se fue de Panamá en enero de 2015 y regresó extraditado por EE.UU. el 11 de junio de 2018, tras pasar un año preso en una cárcel federal mientras batallaba contra su entrega a la Justicia panameña por el caso de las escuchas.
Al llegar Panamá fue recluido en una prisión de mínima seguridad situada en las afueras de la capital panameña, pero el pasado junio le fue impuesto el arresto domiciliario porque la ley de Panamá prohíbe que los procesados permanezcan más de un año encarcelados preventivamente.