A medida que avanza la investigación de un consorcio de medios internacionales, coordinados por la organización francesa Forbidden Stories y con apoyo técnico de Amnistía Internacional (AI), crece el escándalo y los gobiernos supuestamente implicados niegan con mayor vehemencia su relación en el uso ilegítimo del software de la firma tecnológica israelí NSO Group.
Según la investigación, los Gobiernos implicados enviaban a NSO Group los números de teléfono - más 50,000 celulares- para espiar a periodistas, altos cargos de empresas, activistas de derechos humanos, políticos, funcionarios, ministros, diplomáticos e, incluso, como se supo hoy, al cardiólogo del actual presidente de México.
En este país, el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) espió a través del programa a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, según dijo a Efe Edith Olivares, directora interina de Amnistía Internacional México.
Arabia Saudí, Marruecos, México, Hungría, la India, Ruanda y Azerbaiyán figuran entre los que habrían recurrido a esta práctica, según los autores de la investigación, que implican a casi un centenar de países.
INDIGNACIÓN Y ALARMA
Desde Naciones Unidas, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, calificó hoy de "extremadamente alarmante" el espionaje a periodistas, activistas y políticos mediante el software israelí Pegasus, y pidió un uso muy limitado de este tipo de tecnología de vigilancia.
Las denuncias sobre el extendido uso de este software "parecen confirmar los peores temores acerca del abuso de tecnologías de vigilancia para minar los derechos humanos de la gente de manera ilegal", subrayó Bachelet en un comunicado.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se mostró en Praga (República Checa) preocupada por el supuesto espionaje a periodistas con el software israelí Pegasus, que calificó de "absolutamente inaceptable".
"Lo que hemos leído hasta ahora, que debemos verificar, es que si esto en realidad ocurrió, es absolutamente inaceptable, y está en contradicción de cualquier regla de la Unión Europea (UE)", declaró la jefa del Ejecutivo comunitario en rueda de prensa.
Desde las asociaciones profesionales del periodismo, las condenas se multiplicaron. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió este lunes a Gobiernos y empresas medidas para terminar con los “abusos” con programas espía, tras conocerse el supuesto uso del software israelí Pegasus contra periodistas.
Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió que los gobiernos de países democráticos emprendan acciones judiciales por el espionaje a periodistas a través del programa Pegasus.
También, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) rechazó “frontalmente” todos los intentos de interferir en las comunicaciones privadas de los periodistas, y recomendó extremar la vigilancia para proteger sus datos.
NEGACIÓN Y SILENCIO
Algunos gobiernos relacionados con el escándalo negaron que hubieran usado el programa para "facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo", como lo calificó AI.
Para empezar, la empresa implicada, NSO, rechazó divulgar la lista de sus clientes, consideró que la investigación es "endeble" y recalcó su argumento de que su tecnología ayuda a combatir el terrorismo y el crimen.
Por países, la India fue uno de los primeros en descalificar la investigación y acusó de "sensacionalistas" las informaciones sobre el software espía.
"Cualquier forma de vigilancia ilegal no es posible con los controles y equilibrios de nuestras leyes y robustas instituciones (...) claramente vemos que no hay ningún fundamento tras este sensacionalismo", dijo ante el Parlamento el ministro de Información, Ashwini Vasihnaw.
De inmediato, el opositor Partido del Congreso, de la dinastía Nehru-Gandhi, acusó de "traición" al primer ministro indio, Narendra Modi, por el supuesto espionaje.
En Marruecos, su gobierno dijo este lunes que "rechaza categóricamente las acusaciones mentirosas y desprovistas de fundamento" contenidas en el informe, y aseguró que el país norteafricano "es un Estado de derecho, que garantiza el carácter secreto de las comunicaciones personales".
El único gobierno de un país de la Unión Europea implicado en el escándalo, Hungría, desmintió que haya realizado vigilancia ilegal a personas en el país mediante el programa Pegasus y aseguró que los servicios de seguridad del país funcionan conforme a la legislación vigente.
Todavía desde México, el expresidente Peña Nieto, implicado en la operación según estas informaciones, no se ha pronunciado. Sin embargo, ya en un reportaje del The New York Times reveló en 2017 que el Gobierno mexicano que él presidía había espiado con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui y al defensor de derechos humanos Mario Patrón, entre otros.
En ese momento, Peña Nieto negó "categóricamente" el espionaje a periodistas y activistas, y ordenó a la Fiscalía investigar el asunto.
Desde otros puntos de globo, otros ejecutivos supuestamente relacionados con el espionaje con Pegasus no se han pronunciado hasta el momento.
