"Es la corrupción el eje sobre el cual se ha consolidado en Venezuela un Gobierno que siente un marcado desprecio por los derechos humanos y que, de forma progresiva, ha ido perfeccionando mecanismos para vulnerarlos", dijo Almagro.
Almagro inauguró una jornada de audiencias que se celebra este viernes en la sede de la OEA sobre corrupción gubernamental en Venezuela y la crisis humanitaria en el país.
Frente a más de medio centenar de asistentes, Almagro argumentó que el Estado venezolano ha "perdido su razón de ser" porque ha fallado en su obligación de proteger los derechos "más básicos de sus ciudadanos", es decir, el acceso a la educación, salud y alimentos, y además les "reprime" cuando protestan.
"Todas las teorías que justifican la existencia del Estado coinciden en sostener que este cumple su objetivo en la medida en que proporciona bienestar a sus ciudadanos, pero cuando genera sufrimiento no se justifica. Ni los venezolanos ni ningún ser humano merece un sufrimiento de esta naturaleza", sostuvo.
Asimismo, Almagro insistió en que miembros del Gobierno de Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad.
"Estamos frente a una situación de crímenes de lesa humanidad, la cual no podemos permitir que quede impune, debemos actuar con energía y perseguir a los criminales del Gobierno y sus testaferros y recuperar todas las ganancias ilícitas que han escondido en el mundo para el beneficio y la reconstrucción de Venezuela", dijo.
Almagro remitió el año pasado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe elaborado por un grupo de expertos en el que se afirmaba que existía un "fundamento razonable" para considerar que once individuos, entre ellos Maduro, habían cometido crímenes de lesa humanidad.
Además, seis naciones (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá) denunciaron a Venezuela ante la CPI el pasado septiembre en un paso sin precedentes, pues se trató de la primera vez en los 16 años de historia del tribunal que un grupo de Estados parte remitieron a la Fiscalía la situación de un tercer país.
Hace un año, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en manifestaciones y en centros de detención.
