El presidente de esta instancia legislativa, diputado Luis Maldonado Venegas (PRD), respaldó esta propuesta y adelantó que buscará reunirse con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para defender el presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Precisó que esta solicitud se origina debido a que se duplica el universo auditable, principalmente porque se verificarán las participaciones de los estados y municipios, situación que dará mayores dientes a la facultad de fiscalización y agilizará sus procesos.
También, porque se deberá crear una instancia de investigación, “que hasta este momento no sabemos qué intensidad va a tener y además debe abrir el área de substanciación. Son tres factores que al final del día incrementan considerablemente la carga de responsabilidades de la Auditoría”.
En la reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia con el titular de la ASF, Maldonado Venegas mencionó que la Auditoría solicita para cumplir con esta responsabilidad un complemento de alrededor de 150 millones.
Adelantó que se buscará una reunión con los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, y conocer su visión de cómo ellos están.
Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado Independiente, expresó que no se cambiará la cultura de corrupción y opacidad que hay en la Administración Pública sin sanciones. Agregó que por cada peso invertido que se está solicitando, debería redituar “en ene veces de productividad”.
Juan Manuel Portal Martínez expresó que mientras no se tenga el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción no se puede saber cuánto se necesita para que funcione, pero sí se puede estimar.
Recordó que el Sistema empezará a funcionar hasta julio del 2017, cuando entre en vigor la última ley de responsabilidades. Aclaró que pese a que no existe un ordenamiento legal que sustente el Sistema ni una institución formalizada, no hay forma de asignarle recursos a través del PEF, pero si habrá dinero.
Las nuevas atribuciones de la ASF requieren una inversión de 153 millones de pesos, los cuales serán para revisar las participaciones federales, de los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, así como la deuda pública y disciplina financiera de las entidades que cuenten con la garantía del gobierno federal.
En materia de investigación se deberá contar con una unidad administrativa a cargo de las investigaciones; en materia de substanciación se requiere de una unidad administrativa que ejercerá dichas atribuciones, debiendo ser distinta de la que se encargue de las labores de investigación.
Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, la ASF deberá coordinar y homologar las acciones y políticas en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.
Sobre el Sistema Nacional de Fiscalización, se tendrá que construir un régimen estructurado, ordenado, sistemático e integral, así como homologar las capacidades técnicas entre todos los órganos gubernamentales de fiscalización del país.
Conforme a la ASF, se requieren 44 plazas para las revisiones del gasto federalizado; 18 para la deuda pública; 50 personas para investigación y substanciación, cada una; una, para el Sistema Nacional Anticorrupción y una para el Sistema Nacional de Fiscalización.
Aunado a ello, se necesita crear y fortalecer áreas de soporte: sistemas, 23 personas; para capacitación y desarrollo, seis; para servicios administrativos, 14; evaluación, siete, y para transparencia, once personas.
