Durante el Seminario “Matrimonio igualitario”, que organiza dicho Instituto, el senador se pronunció por que no se utilice la calle para resolver asuntos de fondo, sino que las cámaras del Congreso actúen con autonomía e independencia.
Refirió que aun cuando en la Cámara de Diputados fue desechada en comisiones la iniciativa enviada por el Presidente de la República para que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio, en el Senado el tema sigue abierto y a debate, pues él presentó un proyecto de decreto que tiene el mismo fin.
Barbosa Huerta recordó que el asunto está contenido en el artículo 1 y 4 constitucional, “ya está resuelto, sólo se requiere que 20 estados con sus congresos locales armonicen y provoquen legislaciones constitucionalmente acordes con el texto de nuestra Carta Magna”.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, quien fungió como moderador de la primera mesa del seminario, manifestó que una legislación a favor del matrimonio igualitario “nos haría una mejor sociedad”, más tolerante, y es que en la última década se ha tenido más de mil 200 homicidios por homofobia.
Esto, dijo, deja en claro que el matrimonio entre personas del mismo sexo no sólo es un asunto de derechos, sino de libertades y de seguridad.
Indudablemente, agregó el rector de la UNAM, hay razones políticas, pero más allá de ellas hay razones humanas para discutir de este tema.
La activista Lol Kin Castañeda refirió que desde hace siete años cuando se dio paso a los matrimonios homoparentales, la legislación ha beneficiado a más de ocho mil parejas en toda la República Mexicana, con derechos y con dignidad.
Geraldina González de la Vega, académica de la Universidad Iberoamericana dijo que la principal barrera para legislar a favor del matrimonio es la interpretación del principio de igualdad, el cual no significa que se aplique la ley a todas las personas, sino que ésta se haga sin discriminación a todos los miembros de una sociedad.
Mónica González Contró, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la percepción social representa un problema que impide el acceso a los derechos de las personas, “se puede estar reconocido legalmente, pero si no hay una cultura de la inclusión, entonces no se puede llevar a cabo”, dijo.