Los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena coincidieron que con ello se viola el Artículo 29 Constitucional y que la Armada de México debería continuar concentrándose en la seguridad nacional y la vigilancia de los litorales.
Al fijar la postura de dicha bancada sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, la diputada Sandra Luz Falcón Venegas cuestionó la aprobación del dictamen.
“Nos dicen que con esta ley los puertos serán más modernos, eficientes y seguros; que no implica ninguna militarización, toda vez que la Secretaría de Marina no es lo mismo que la Armada de México, por lo que los puertos serán atendidos de manera civil (…). Nos dicen que de ninguna manera, se viola el Artículo 129 Constitucional”, recalcó.
Consideró que imposición de una autoridad militar en actividades y gestiones administrativas de carácter civil y comercial, es contraria a los principios rectores de la política exterior de nuestro país, que es la proscripción de la amenaza o el uso de las fuerzas, establecido en el Artículo 89 de la Carta Magna.
“Morena considera que la Marina mercante con operación y administración en manos de personal civil, debe mantenerse en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que poner en manos de militares los puertos atenta contra el desarrollo económico nacional, puesto que las Fuerzas Armadas carecen de la experiencia administrativa para regular e instrumentar las políticas para apoyar la competitividad y el comercio interior y exterior”.
Posteriormente, durante la discusión del dictamen, el diputado Virgilio Caballero Pedraza sostuvo que la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto tiene como objetivo que la Secretaría de Marina asuma las principales facultades en materia de regulación marítima de buques y puertos, así como del control del tráfico marítimo en aguas mexicanas.
El Vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena externó que se trata de una reforma regresiva que pretende volver al estado de cosas previo a la reforma administrativa que realizó el Gobierno Federal en diciembre de 1976, para que las funciones relativas a la Marina Mercante, la operación portuaria y el señalamiento marítimo pasaran a la SCT.
“Al pretender que las capitanías de puerto sean ocupadas por elementos de la Secretaría de Marina, no solamente se está hablando de ejercer un puesto, sino de ocupar las instalaciones civiles, en total contravención al Artículo 129 Constitucional”, puntualizó.
Asimismo, consideró que el argumento de que con esta iniciativa se evitarán confusiones y vacíos de autoridad ante la comunidad marítima nacional e internacional, es un engaño y carece de motivación y justificación.
“Lo que se pretende es ocupar militarmente los puertos. Es fácil entender que esto es como muchas otras aberraciones que se han aprobado; una instrucción de los Estados Unidos de Norteamérica, para garantizar sus inversiones y el manejo de sus negocios en nuestro país”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues atribuyó las reformas también a una orden proveniente de Estados Unidos para garantizar sus inversiones en nuestro país, y que por ello se trasladaron las operaciones principales de los puertos a la Semar y la Armada de México. Esto, agregó, quiere decir en síntesis la militarización nacional.
“Que no nos engañen y digan que han escuchado las voces que están interesadas en el tema. Es claro que no les han hecho caso a los colegios, ni a los sindicatos, ni a las asociaciones de marinos y pilotos, ni a la iniciativa privada”.
En tanto, el diputado Vidal Llerenas Morales insistió que con estas reformas sí hay militarización, ya que ahora bajo la autoridad de la Semar se realizarán acciones que antes hacían los civiles, entre otras de registro, revisión y regulación de embarcaciones.
Puntualizó que la política de transporte marítimo no tendría por qué ser parte de la Semar, ya que lo que puede pasar es que ésta diga que no está preparada para esta función, porque no se tiene un entrenamiento para la labor de supervisión de las embarcaciones turísticas en el país.
“Y ese es el fondo de la discusión, sí estamos militarizando los puertos, sí estamos renunciando a que sea la autoridad civil la que realice esta función, y estamos dando un paso inicial a una discusión que deberíamos entonces darla en otros temas”, concluyó.