Además, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que inicie una investigación sobre la aplicación del arraigo por parte de las autoridades federales y, en su caso, emitir la recomendación correspondiente.
La instancia legislativa indicó que la aplicación de esta figura en delitos del fuero común contraviene el espíritu de la reforma constitucional de derechos humanos recientemente aprobada, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Por ello, convocó a las dos cámaras del Congreso y al Ejecutivo federal que expidan y promulguen con prontitud la legislación correspondiente que regule adecuadamente la aplicación y límites del arraigo.
Esto, con arreglo a lo dispuesto por los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y con el objeto de evitar abusos y arbitrariedades en detrimento de los derechos humanos.
La Comisión Permanente afirmó que desde su regulación en la Constitución y en ordenamientos procesales penales, el arraigo representa una vulneración al principio de presunción de inocencia, que es piedra angular del sistema penal acusatorio que se busca implementar en el país.
“Si la regulación del arraigo en sí misma ya presenta problemas, la forma en que es implementada es francamente violatoria de varios de los derechos humanos constitucionales y de tratados internacionales de los que México es parte”, advirtió.
En un lapso de cinco años, el número de casos concedidos por jueces a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) repuntó en un 250 por ciento, mientras que en el Distrito Federal durante 2009 se concedieron 201 órdenes de arraigo, reveló el documento.
Además señala que el la aplicación de arraigo en ineficaz para la investigación del delito, desincentiva la correcta integración de la averiguación, añadió el órgano legislativo.