Al explicar la iniciativa, la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, apuntó que el gasto privado en educación se ha incrementado; sin embargo, sólo los niveles básico y medio superior cuentan con este estímulo fiscal, dejando fuera de este beneficio a la educación superior, lo que significa que los que mandan a sus hijos a una universidad privada no tienen derecho a dicho estímulo.
Para que se pueda realmente fortalecer la economía familiar, disminuyendo el gasto por los servicios de enseñanza, dijo, “es necesario que la deducción de las colegiaturas, primero, sea actualizada y también que se les dé la situación de deducibilidad a los padres que tienen alumnos en escuelas de educación superior o universitaria”.
La iniciativa propuesta por los diputados Rocío Matesanz Santamaría y Baltazar Martínez Montemayor contempla que:
Los pagos podrán ser efectuados para sí, para su cónyuge o para la persona con la que viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta.
Se aplicará cuando los pagos:
Se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; y, sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio autorizados
Resaltar que esta deducción no será aplicable para las personas que reciban becas o cualquier otro apoyo económico público o privado para pagar los servicios de enseñanza superior; y
Determinar que los pagos por servicios de enseñanza deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas, tarjeta de crédito, de débito o de servicios.
Paniagua Figueroa recordó que en el sexenio pasado, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, presentó el 15 de Febrero de 2011 un decreto por el que se otorgó un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos.
Con dicho decreto, dijo, se hizo posible la deducción anual del Impuesto Sobre la Renta por el concepto de pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y media superior reconocidos en la Ley General de Educación. Las cifras de deserción se redujeron de forma considerable, “pero desde 2011 el límite anual de deducción no se ha actualizado, ya han pasado varios años y la situación del estímulo no se ha aumentado según la inflación”, dijo la Diputada panista ante el Pleno de la Comisión Permanente.
Para finalizar, la también Secretaria de la Comisión de Competitividad apuntó que con esta reforma se permitirá fortalecer la economía familiar en la medida en que, en la determinación de su impuesto sobre la renta anual, los padres de familia puedan disminuir el gasto por los servicios de enseñanza superior.
“Buscamos establecer la deducibilidad fiscal que aplique exclusivamente a los pagos por los servicios de enseñanza superior”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y análisis.