"Hay una amenaza implícita para justificar el cierre de Fundamedios. Creemos que se está tratando de armar un caso en el cual se quiere presentar a Fundamedios como un actor político", dijo Ricaurte en un encuentro con periodistas extranjeros.
Desde su comparecencia ante la CIDH en octubre, el Gobierno ha dedicado tres programas audiovisuales de emisión obligatoria en todo el país, conocidos como cadenas, a refutar los argumentos de Fundamedios y poner en duda sus motivos.
En el último de ellos, sacado esta semana, se destaca que los estatutos de la asociación contemplan "la prohibición expresa de hacer política, lo que no es acatado por sus directivos".
Ricaurte apuntó además que el pasado miércoles salió una nota en el diario oficial "El Ciudadano" que destacaba que Fausto Cobo, miembro del opositor partido Sociedad Patriótica, había emitido en la Asamblea Nacional un vídeo elaborado por Fundamedios que criticaba las acciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, contra la prensa.
Ricaurte ve el artículo como una forma de achacar a la asociación vínculos políticos y así proceder a retirarle la personalidad jurídica, aunque aclaró que no ha recibido ninguna comunicación oficial en este sentido.
Mauricio Alarcón, Director de Proyectos de Fundamedios, señaló que el cierre de una organización no gubernamental en Ecuador es "una decisión unilateral de la autoridad administrativa", según la legislación actual, y que no existe un "debido proceso" para impugnarla.
La CIDH ha pedido información a Ecuador ante las denuncias sobre amenazas y descalificaciones contra Ricaurte y los otros periodistas que participaron en la audiencia, en la que acusaron al Gobierno de ataques "sistemáticos" a la prensa.
El Ejecutivo tiene hasta el 25 de noviembre para entregar esos datos, después de que solicitara una prórroga, afirmó hoy Ricaurte, quien dice haber recibido amenazas de muerte anónimas tras la emisión de los programas gubernamentales.
La Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, ha indicado que "hubo una constatación de unas cadenas de radio y televisión a través de las cuales se estigmatizaba y se emitía de manera encadenada información en contra de las personas que vinieron a la audiencia".
Correa mantiene que Fundamedios presentó "mentiras" a la CIDH y su Gobierno sostiene que el vídeo que la asociación exhibió en la audiencia y que usó Cobo contiene "tergiversaciones".
"No fueron a Washington a defender la libertad de expresión, sino a desprestigiar al presidente", ha dicho el mandatario.
Las cadenas vinculan a Fundamedios con Gustavo Lemos, al que describen como "un personaje oscuro" implicado en abusos de los derechos humanos en Ecuador, aunque la única evidencia que ofrecen de ello es su presencia en la audiencia.
También acusan a la organización de recibir financiación "de frentes políticos de derecha de Estados Unidos".
La asociación, por su parte, ha negado ambas imputaciones.
