El legislador señaló que este reglamento faculta a los oficiales de la Policía Federal a detener y consignar al conductor de algún vehículo a discreción, excluyendo el apercibimiento verbal, la amonestación por escrito e incluso la presunción de inocencia.
Además, deja en plena libertad a los elementos policiales de solicitar algún soborno a cambio de permitir la libre circulación de los vehículos, puesto que los faculta para que, a “libertad de criterio”, realice inspecciones de tipo forense.
Estas inspecciones deberían estar sujetas a instrumentos de calibración y medición, aseveró.
Explicó que en el numeral 201 de dicho reglamento se establece que los usuarios de las vías federales que se opongan a las órdenes que instruyan los oficiales de federales serán detenidos y presentados ante el Ministerio Público.
Por ello, manifestó la preocupación de transportistas de que, una vez que entren en vigor estos lineamientos, las actuales faltas administrativas se convertirán en delitos.
Recordó que el pasado 18 de febrero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de operación para la imposición de sanciones por violación a las disposiciones previstas en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.
No obstante, consideró que el problema se encuentra en los cambios al reglamento que se hicieron en los últimos días del sexenio pasado.
Por ello, consideró necesaria la instalación de una mesa de diálogo entre autotransportistas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para puntualizar su contenido.