“José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex (Petróleos Mexicanos), ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear", declaró en su rueda de prensa diaria.
El mandatario se refirió a las primeras declaraciones públicas de su hijo, este domingo, tras revelarse en enero que él y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una casa que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Pemex.
“Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, indicó López Beltrán en un breve comunicado.
Pero el hijo del mandatario desató otro escándalo de presunto conflicto de interés por revelar que desde 2020 trabaja como abogado para KEI Partners, despacho de hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora a López Obrador en su megaproyecto del Tren Maya.
Además, Chávez es fundador de Vidanta, un consorcio con 30 desarrollos turísticos de lujo, e integrante del consejo asesor del presidente, según la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos una relación de negocios, él no tiene negocios con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayudan”, afirmó el mandatario.
La hija y la nuera de López Obrador acaparan la polémica desde finales de enero, cuando MCCI y el medio Latinus revelaron su vida opulenta en Houston, Texas.
Pese a las explicaciones de López Beltrán, los críticos denunciaron que los registros públicos muestran que no está inscrito en el Colegio de Abogados de Texas y que la empresa Kei Partners obtuvo su registro un mes y medio antes del inicio del sexenio de López Obrador, en diciembre de 2018.
"Tenemos a nuestra disposición todas las pruebas y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes, para que ellos cuando crean conveniente y oportuno puedan o no revelar públicamente la información", afirmó Adams en un comunicado en su cuenta de Instagram.
El presidente ha negado que exista un conflicto de interés, pero no ha negado los detalles de las investigaciones.
En su lugar, ha acusado al periodista Carlos Loret de Mola de Latinus de ser un "golpeador" y de recibir más de 35 millones de pesos al año (más de 1.7 millones de dólares).
“Que sepan que yo no me voy a dejar, el que se aflige se afloja. Tenemos que seguir defendiendo la cuarta transformación y voy a pedir al Instituto de la Transparencia (...) porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas (de Loret de Mola)”, advirtió el mandatario.