El diario mexicano El Universal citó directamente a fuentes del Gobierno mexicano para apuntar que Lozoya Austin, director de Pemex del 2012 al 2016, es uno de los dos inhabilitados y multados por la SFP del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El abogado de Lozoya, Javier Coello, confirmó al diario mexicano El Financiero que su cliente efectivamente es uno de los dos funcionarios sancionados.
Además fuentes de la SFP confirmaron al canal de televisión Milenio que el inhabilitado era Lozoya.
La SFP anunció este miércoles, sin dar nombres, que dos mandos de Pemex del gobierno de Peña Nieto (2012-2018) fueron inhabilitados por 10 y 15 años y multados con 620 millones de pesos (32,6 millones de dólares) por irregularidades en la adquisición del Grupo Fertinal.
Lozoya está imputado por supuestamente haber recibido 10 millones de dólares en el caso Odebrecht en México, además de que se le señala por haber mediado para que la empresa española OHL ganara contratos eléctricos por 477 millones de dólares.
En un caso, la inhabilitación fue porque se detectó que se proporcionó información falsa de situación patrimonial, una cuenta bancaria con saldo de cientos de miles de pesos, y en el otro por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.
López Obrador ha dicho que Pemex compró Fertinal en 500 millones de dólares cuando solo costaba 50 millones de dólares dado que era una planta chatarra, la operación se concretó durante la dirección de Emilio Lozoya.
La SFP señaló que desde el primer día de la actual administración, el 1 de diciembre, se han iniciado más de 6.200 procedimientos de responsabilidades administrativas y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones a funcionarios de nivel operativo hasta el rango de directores generales.
Además, se han aplicado 112 sanciones económicas que suman un monto superior a 656 millones de pesos (unos 34,5 millones de dólares).
En México, el caso Odebrecht apuntó precisamente a Lozoya.
En diciembre de 2017, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro años para obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara el cobro indebido de 119 millones de pesos (6,2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería.
Esta inhabilitación fue anulada en noviembre 2018 por un tribunal.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó, además, que Pemex efectuó pagos irregulares por unos 46 millones de dólares a Odebrecht al generar sobrecostos sin justificar correctamente las obras de una refinería.