En el proyecto de sentencia, elaborado por la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar, se consideró que la información contenida en dicha documentación no debe entenderse como reservada, ya que al tratarse de gastos efectuados, la mayor parte con financiamiento público, debe encontrarse a disposición de cualquier interesado.
Durante la sesión pública celebrada hoy, el Pleno resolvió 1 contradicción de criterios, 9 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 4 recursos de apelación y 1 un recurso de reconsideración, lo que hace un total de 15 medios de impugnación.