Puntualizó que se debe exigir que ciudadanos, autoridades y legisladores lo atiendan con profundidad, compromiso y seriedad.
La legisladora también celebró la existencia de una política criminal que tiene componentes más allá del combate al crimen organizado, que reconoce el grave problema social del país.
Lo anterior, tras referir la situación que pasó su entidad natal. Chihuahua, y que ahora atraviesa Michoacán. De ahí que se pronunció por la importancia de conocer los elementos que sustentan la estrategia del gobierno federal en materia de crimen organizado y seguridad pública.
En su respuesta Miguel Ángel Osorio Chong apuntó que para saber si se está avanzando o no, se tiene que ir al sentimiento de la sociedad en la materia y no a las cifras.
Al respecto, comentó que cuando se levantan encuestas el sentimiento de la sociedad va más ligado a lo que pasa en su comunidad, en su patrimonio y en los integrantes de su familia, y esto es el robo a casa habitación, de vehículos, secuestro y la extorsión, que hoy ha sido un problema mayor.
En su turno, el senador panista Javier Corral Jurado señaló que en su campaña a la Presidencia, el ahora Presidente Enrique Peña Nieto refirió que en materia de seguridad se requieren acciones distintas, por lo que cuestionó al titular de la SEGOB cuáles son y cuál es el nuevo paradigma que plantea.
En este sentido, comentó que desaparecieron los ejecutómetros utilizados en la administración anterior “para juzgarla” y, por otra parte, apuntó la existencia de un pacto de silencio convenido en Gobernación frente al tema de la política criminal, anunciado por un Gobernador.
Cuestionó también el por qué no se refirió a la creación de la Gendarmería en su exposición y tampoco, el gobierno federal, lo incluye dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
En otro tema, el senador del PAN subrayó que Michoacán no solamente está afectado por el crimen organizado sino también por una inestabilidad política brutal.
Al respecto, el secretario de Gobernación negó la existencia de un pacto de silencio con los medios sobre la política criminal, ni lo alentaremos, “en diciembre y nueve meses antes no se daba información al respecto y hoy se da cada mes con claridad y responsabilidad”.
“Ni hay menos información pero sí hay menos espectáculo”, mismos que permitieron la salida de criminales, por afectar sus derechos humanos.
Informó que de 103 mil detenidos en la administración pasada sólo tres mil son sentenciados, “no creo que porque no sean criminales, sino por este tipo de acciones espectaculares de ponerlos en la televisión y que hoy en esta consideración de derechos humanos los ponen en libertad al otro día”.
Aclaró que ni la policía federal, ni el Ejército ni la Marina se va a salir de Michoacán en tanto no se den las condiciones del propio Estado para enfrentar solos y como debe de ser el tema de la seguridad.
Puntualizó que en la política criminal el centro de la acción es la atención y cuidado del ciudadano y no el crimina; es un asunto para ver cómo se devuelve la seguridad y estabilidad a los estados y destacó que sí hay una política en la materia, nos guiamos con acciones que permitan evaluarlos.
En el tema de la Gendarmería, explicó, que ante los problemas de la policía federal para lograr su certificación, muchos organismos de la sociedad civil pidieron que se terminara primero un proceso y luego entrar en otro y que además se están preparando para el nuevo sistema de justicia penal.
En este sentido, pidió ayuda al Senado para que en junio de 2016 se cumpla la instalación del nuevo sistema de justicia penal, debido a que se encontró un atraso y hoy se que se puede hacer en conjunto, gobierno federal, poder judicial y estados de la República.
Por su parte, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez puntualizó que lo necesario es reconstruir el tejido social y que no se trata solamente de establecer políticas de prevención del delito, recuperación del espacio público o instrumentar políticas sociales, ya que el objetivo es regresar la paz a la sociedad.
Para esto, aclaró, el Estado tiene recursos, así como para que la autoridad civil recupere función de gobierno y se permita al Ejército regresar a los cuarteles.
Asimismo, destacó que no se habló de cambios y reformas al Poder Judicial para acabar con la corrupción e impunidad en el país, donde solamente dos por ciento de los delitos terminan con pena de prisión.
Por otra parte, reiteró que en Michoacán 31 de sus 113 municipios están bajo el dominio de los templarios y no existen programas de gobierno en esa entidad.
En este sentido, el legislador cuestionó quien será el agente que ayude a la reconstrucción de la relación con la sociedad, porque al Ejército no puede dársele mayores responsabilidades.
El Secretario de Gobernación, resaltó que por cuestiones de inteligencia no se puede mostrar el trabajo que se está haciendo. Sin embargo, puntualizó que hay acciones orientadas a reducir las condiciones de rezago social, reactivar la economía y para fortalecer a las comunidades más afectadas por la violencia.
En el tema de la prevención, reiteró que hay una acción muy importante: 118 mil millones de pesos aplicados por diversas secretarías en la materia.
Respecto a Michoacán -aclaró- que se reconoció que hubo dificultades por lo que se decidió una intervención a fondo, en la que participa el SAT, la SHCP, la SEMAR, la Policía Federal y el CISEN con sistemas de inteligencia.
Finalmente, el senador Raúl Morón Orozco, del PRD, propuso realizar una reunión con los senadores de Michoacán o con un grupo de los mismos, a efecto de abordar el tema de la inseguridad en la entidad y conocer cuál es la estrategia que se implementó.
