Cuando el Congreso de la Unión realiza reformas a la Constitución, estas deben ser avaladas por la mitad más uno de los congresos locales para ser reconocidas; la desindexación del salario mínimo fue avalada en la Cámara de Diputados el 19 de noviembre de 2015 y para el 27 de diciembre del mismo año, había sido ratificada en 22 legislaturas locales, por lo que ya es plausible hacer la Declaratoria de Constitucionalidad dentro de la Comisión Permanente.
Las legislaturas que han avalado la desindexación son la del Distrito Federal, Morelos, Chihuahua, Puebla, Nayarit, Michoacán, Baja California, Campeche, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro, Durango, Guerrero, Tabasco, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes.
Antes de la reforma, se usaba el salario mínimo como referente para fijar multas de tránsito y de prisión, créditos para vivienda, entre otros rubros. Esta legislación era usada como un criterio para no aumentar el salario mínimo, argumentando que elevaría el costo de multas y servicios.
Con la desindexación, se señala que el INEGI creará una Unidad de Medida y Actualización (UMA) que será unidad de cuenta, para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en leyes y ordenamientos. Se ha señalado que esta reforma es el primer paso para lograr un aumento del salario mínimo y que recupere capacidad de gasto, aumentándolo con la inflación.
