A pesar de los esfuerzos implementados por México para castigar y erradicar los delitos contra la prensa y defensores de derechos humanos, el problema permanece, debido a la impunidad, indicó durante una reunión con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
“El factor más importante es erradicar la impunidad; que haya una justicia pronta y segura es el factor más importante para garantizar la seguridad porque el mensaje que se da es que a nadie le importa, ni a los medios ni a los mismos gremios periodísticos ni al Estado”, insistió.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el índice de impunidad en las investigaciones sobre los delitos contra periodistas es de 81 por ciento.
Afirma que de 2000 a la fecha hay 82 homicidios de periodistas, 18 desapariciones, 33 atentados a medios de comunicación y, de estos 133 casos, sólo 19 por ciento ha sido consignado ante la autoridad jurisdiccional y apenas en 7 por ciento de ellos un juez ha dictado una sentencia condenatoria.
El relator de la ONU señaló la importancia de crear en San Lázaro una Comisión Especial que dé seguimiento a los casos de agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos.
También indicó que el Congreso de la Unión debe elaborar la ley reglamentaria para que opere la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en abril de 2012.
Dicha ley busca garantizar la protección rápida y efectiva de los defensores de derechos humanos y periodistas que se encuentren en riesgo por el ejercicio de su labor.
La ley contempla mecanismos para implementar medidas de prevención y protección para disminuir los factores de riesgo cuando éstos enfrenten actos de agresión en su contra.
Agregó que los estados deben homologar sus leyes en materia penal y constitucional para federalizar los delitos.
Frank La Rue señaló que para brindar protección, las medidas materiales de emergencia, legales y de justicia, así como políticas públicas “representan la mejor forma de prevención”.
“La tarea de informar requiere una protección especial, no es por la persona, es por la función que abona a la democracia porque dan un servicio de información a la población”, agregó.