En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la legisladora del PRD informó que durante el último año de actividades sus esfuerzos se enfocaron, entre otras cosas, en lograr articular y poner en marcha la Ley General sobre Desaparición Forzada y Cometida por Particulares.
Para De la Peña Gómez la desaparición forzada de personas en México es un fenómeno que persiste debido a que los perpetradores actúan sin consecuencias jurídicas y una de las raíces de tal impunidad es la falta de personal con la capacitación específica en materia de investigación del delito.
“Ni la Procuraduría General de la República ni las procuradurías locales cuentan con equipos profesionales multidisciplinarios que realicen investigaciones adecuadas”, señaló.
En este sentido, informó como parte de los compromisos contraídos con las familias se trabajó en la elaboración de mecanismos y herramientas que permitan a las autoridades contar con un marco de actuación y constituir un solo banco de datos forenses y de personas desaparecidas para garantizar una búsqueda inmediata y permanente.
De la peña Gómez sostuvo que el objetivo es resarcir un derecho de las víctimas a que se encuentre a sus familiares, a que se conozca la verdad, a que se investigue y se sancione la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.
De este modo, dijo, se obliga a las autoridades a crear archivos de datos con las fosas clandestinas encontradas y tener un registro de migrantes en tránsito
En materia del nuevo Modelo de Justicia Penal, la senadora del Sol Azteca reconoció el avance en la construcción de un marco jurídico garantista y apegado al respeto de los derechos humanos, sin embargo, dijo, aún es importante atender los retos existentes para lograr su consolidación.
Recordó que se emprendieron trabajos en la Ley General de Víctimas, a la Ley contra Tortura, y la Ley de Desaparición Forzada Cometida por Particulares, las cuales tienen que ver con la reconstrucción de las instituciones para atender los señalamientos de que en México se elimine, castigue y se prevengan las diversas violaciones a los derechos humanos.
La reforma de justicia permite que todas las autoridades y en particular los poderes judiciales de la federación y de las entidades federativas tengan la obligación proteger los derechos fundamentales de las víctimas, agregó.
Finamente, lamentó que el principal pendiente continúe siendo resolver el proceso hacia la configuración de las Fiscalía General y las fiscalías que van a sustituir a las procuradurías locales y externó su compromiso para seguir trabajando a favor de la sociedad.
