El proyecto de decreto aprobado con 78 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, y enviado a la Cámara de Diputados, también autoriza la portación de armas al personal de seguridad que acompaña a jefes de Estado en visitas oficiales, esto con base en el principio internacional de reciprocidad.
Para ambos casos, se establece que las armas no podrán ser de un calibre mayor al .40, salvo en los casos en que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) autorice otro tipo de armas, siempre y cuando se justifique la necesidad de su uso.
Al fundamentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Gobernación y de Estudios Legislativos, el senador Fernando Yunes Márquez (PAN), afirmó que se pretende garantizar la seguridad de personas internacionalmente protegidas, en el marco de visitas oficiales; así como facilitar y agilizar el tránsito de mercancías y eficientar los flujos migratorios.
La senadora Cristina Díaz Salazar, (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que la portación de armas será reducida a un espacio territorial, como recintos oficiales, y a la temporalidad de la licencia.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) considera que la reforma es anticonstitucional porque deja a un lado el control parlamentario; además mencionó que permitir agentes extranjeros armados en territorio nacional “traería consecuencias sumamente delicadas”.
El senador Manuel Barlett Díaz, del Partido del Trabajo, consideró que la reforma “es un atentado directo contra la soberanía nacional y un acto de simulación”, ya que en realidad se pretende permitir la “invasión de agentes policiacos internacionales armados, en territorio nacional”.