Las recientes elecciones presidenciales rusas se celebraron en un entorno de intensa represión de las voces independientes y de encarcelamiento, muerte o exilio de prácticamente toda la oposición política auténtica. El Kremlin ha marginado sistemáticamente a los grupos que defienden los procesos democráticos y el Estado de derecho, incluidos los observadores electorales. Las autoridades rusas también denegaron la inscripción de candidatos contrarios a la guerra a las elecciones presidenciales con falsos pretextos técnicos y no invitaron a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ni a ninguna organización internacional con credibilidad a observar los comicios. Estas medidas ilustran hasta qué punto el Kremlin ha negado a sus ciudadanos un proceso democrático transparente y significativo. En este contexto, estas elecciones sólo pueden describirse como no democráticas.