Así lo señaló la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Patricia Bugarín, quien indicó que ya fue presentada la apelación contra la decisión de la juez Blanca Evelia Parra Meza, que ayer ordenó la liberación del político y empresario mexicano.
En declaraciones a la emisora MVS, Bugarín explicó que la Procuraduría General de la República no tiene "en este instante" condiciones suficientes para presentar cargos por crimen organizado contra Hank Rhon.
"No las formulamos, no hemos insistido en ello porque no fueron tomadas en consideración", añadió.
Bugarín comentó que la PGR sigue pensando que, al detener a Hank Rhon la madrugada del pasado 4 de junio en su casa, "se encontraba acreditado el delito de acopio, tanto de armas como de cartuchos".
Recordó que la PGR apeló ya ante un tribunal de segunda instancia la decisión que ayer permitió la liberación de Hank Rhon por considerar que los vídeos presentados por sus abogados no son suficientes para exculparle.
Para Bugarín, "se pudieron haber estado recortando partes sobre eventos importantes para la valoración del contenido final de la prueba", aseguró.
En relación con las acciones legales emprendidas, dijo que la PGR está en contacto con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), dependiente del Departamento de Justicia y a cargo de supervisar la venta, posesión y transporte de armas de fuego, municiones y explosivos en ese país.
El gobierno de México ha preguntado a esa dependencia "si tiene conocimiento del origen de las armas encontradas" en poder de Hank Rhon y de su personal de seguridad.
La información solicitada a Estados Unidos "está entre muchos otros oficios que pedimos porque es parte de nuestra obligación" de tratar de allegarse pruebas suficientes para sustentar el caso, apuntó.
Bugarín defendió las acciones legales emprendidas y las consideró parte de "un trabajo serio" que no responde a "otras cuestiones que no sean las estrictamente jurídicas".
Hank Rhon y diez personas más fueron detenidas el 4 de junio pasado por militares en la norteña ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, en un controvertido arresto que algunos juristas y la jueza del caso han considerado no apegado a derecho por realizarse sin orden de registro.
El empresario obtuvo ayer dos fallos judiciales favorables que le permitieron recobrar la libertad. El primero ordenó su liberación por falta de pruebas en el delito federal de acopio de armas y el segundo negó la petición de arresto preventivo de la fiscalía de Baja California por las sospechas en torno a la muerte de una mujer.
Además de la liberación del político, que pertenece a uno de los grupos más influyentes en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron libradas otras 10 personas que habían sido detenidas junto a él por el Ejército mexicano.
El controvertido alcalde es dueño de hoteles, centros comerciales y de una parte de la compañía de casinos Caliente, y diversos sectores lo vinculan con el crimen organizado, particularmente con el cártel de Tijuana, acusaciones que nunca han sido comprobadas.