Salazar Mendiguchía es procesado por un faltante económico de 104 millones de pesos, que destinó para la compra de seguros de ex colaboradores. Es el primer gobernador llevado a prisión en la historia de Chiapas.
El ex mandatario estatal es acusado por la presunta comisión de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa dentro de la causa penal 96/2011.
La resolución le fue leída al ex gobernador en presencia de su hijo Pablo Salazar López y sus abogados, que de inmediato respondieron que recurrirán al amparo en busque de revertir las decisiones judiciales.
Según la PGJE, Salazar Mendiguchía contrató una póliza denominada Vidadot-2-2 que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia y gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre del 2005 al 7 de diciembre de 2006.
El ahora procesado y colaboradores dieron poder a la ex Secretaria de Administración, Nelda Rosa Camacho Alayola, para realizar los trámites y cobrar los recursos públicos, lo que realizó por medio de diversos cheques el 27 de febrero de 2007.
El auto de formal prisión se repetiría en breve en contra de dos de los presuntos cómplices del ex gobernador, Gabriel Flores Cancino y Daniel Toledo Romero.
Ambos se desempeñaron como Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría del Trabajo y director de Contabilidad y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, respectivamente.