La secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, dio a conocer que luego de concluir 16 de 45 auditorías a diversas dependencias y entidades públicas correspondiente al ejercicio fiscal 2010, se detectó un daño pecuniario causado al erario público estatal del orden de tres mil 687 millones de pesos.
En conferencia de prensa, indicó que de acuerdo con el reporte parcial, estos desvíos de recursos se detectaron en 14 dependencias.
Detalló que 140 auditores, laborando de manera continua y bajo los estrictos estándares y reglas que regulan dicho proceso, efectuaron cuatro auditorías al sector de infraestructura y salud; siete en los sectores educativo, social y cultural; tres en el sector gobierno, justicia y seguridad; y dos en el rubro económico y desarrollo productivo.
La contralora agregó que derivado de los resultados, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Contraloría inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 32 ex funcionarios por haberse encontrado irregularidades durante su gestión.
Con esta acción, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental cumple con la instrucción del gobernador Gabino Cué Monteagudo al proceder por el camino de la legalidad y bajo procesos de fiscalización apegados a la norma, y en el ánimo de salvaguardar los intereses del Estado, sentándose con ello un precedente en la historia de Oaxaca.
Perla Woorlich afirmó que en general se observa la confabulación de diversos servidores públicos a efecto de operar el presupuesto del estado del 2010 de manera discrecional, modificando las partidas inicialmente autorizadas por el Congreso del Estado, autorizando ampliaciones presupuestales a partidas no prioritarias.
La servidora pública aclaró que estas personas tendrán un tiempo determinado para solventar estas irregularidades, y en caso contrario, se iniciará el procedimiento penal.
Explicó que las observaciones se basan en la falta de documentación comprobatoria que justifique las erogaciones o pagos realizados con cargo al presupuesto de referencia; la falta de expedientes técnicos unitarios que permitan la revisión y la evaluación de las metas, alcances, objetivos y ejercicio presupuestal.
Asimismo, en las auditorías practicadas se detectó la aplicación de pagos a diversas empresas o personas físicas, quienes no justificaron la prestación del servicio o adquisición de los bienes contratados y de acuerdo con las investigaciones se confirmó la inexistencia del servicio o la inexistencia de la propia empresa.
Woolrich Fernández comentó que con los resultados de las investigaciones, se presume el desvío de recursos, donde los actos de corrupción no sólo alcanzan a los servidores públicos anteriores, sino a los particulares que se prestaron para tales fines.
Detalló que los quebrantos corresponden a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), con 736 mdp; el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), 46 mdp y en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular), con mil 297 mdp.
En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (CECyTEO), de detectaron 163 mdp de desvío; Instituto de Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), 721 mdp; en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), 4 mdp; el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), 54 mdp.
En tanto, 15 mdp en el Instituto de Estatal de Bachillerato de Oaxaca (IEBO); 16 mdp en el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO); 492 mdp en la Coordinación General de comunicación Social del Poder Ejecutivo; 16 millones en la Secretaria de la Contraloría; 53 mdp en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); 63 mdp en la Secretaría de Turismo; y 11 mdp en la Oficina de Pensiones.
La secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental sostuvo que con fundamento en el artículo tercero de la Constitución Política de Oaxaca y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, instruyó a la Dirección de Procedimientos Jurídicos de la propia Secretaría, para que previa a la notificación correspondiente a la Subsecretaría de Auditoria Pública iniciar los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que resulten responsables.
Entre ellos: Miguel Ángel Ortega Habib, ex Secretario de Finanzas; Esdras Cruz y Cruz, ex Subsecretario de Ingresos; Fernando González García, ex Subsecretario de Egresos; y Bernardette Rouse Mayor, ex Jefa de la Unidad de Servicios Jurídicos de esta dependencia.
También Armando Félix González Bernabé, ex Director de CAO y ex secretario de Obras Públicas y Ambrosio Vásquez Arango, quien también ocupó la dirección general de esta dependencia. Asimismo Lorena Pérez Hernández, ex Directora de Administración y Finanzas; Manuel Alejandro Hernández Muñoz, ex Director de Administración y Finanzas de CAO.
Se le iniciará procedimiento administrativo en contra de Jesús Ángel Díaz Ortega, ex Director General del IOCIFED; Rodolfo Antonio Alegría Reyes, ex Director de Construcción de este instituto; Aarón Pérez Bautista, ex Director General del Seguro Popular y Enrique Cuevas Gómez ex subdirector de Administración y Finanzas del Seguro Popular.
Asimismo, Abel Trejo González, ex Director General del IEEPO; Rafael Rosalino Zárate Aspiroz, ex Subdirector de Recursos Financieros del IEEPO; Cándido Coheto Martínez, ex Director General del COBAO; María del Socorro Esperanza Gazga, ex directora de Administración y Finanzas del COBAO; Alejandro Flores Pérez, ex director de Administración y Finanzas del COBAO; Cipriano Flores Cruz, ex Director General del IEEA y Leticia Cruz Regino, ex Jefa del Departamento Administrativo del IEEA.
Jorge Fausto Bustamante García, ex Director General del IEBO; Cesar Román Figueroa Hernández, ex jefe del Departamento Administrativo del IEBO; Herón García López, ex Director General del CSEIIO; Erasmo Ramírez Osorio, ex Director de Administración del CSEIIO; Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, ex Coordinador de Comunicación Social; Soledad Rojas Walls, ex Coordinadora de Comunicación Social; Jorge Efrén Rojas Hernández, ex Jefe de la Unidad Administrativa de la Coordinación de Comunicación Social y Claudia Gabriela Ramírez Zamora, ex Jefa de Recursos Financieros de la misma coordinación.
Así como Bernardo Barragán Salazar, ex Secretario de la Contraloría; Karina Musalem Santiago, ex Directora General del DIF; Luz Yanira Morales Castillo, ex Directora de Administración y Finanzas del DIF; Jesús Ruiz Martínez, ex Director de Asistencia Alimentaria y Gisela Zárate Figueroa, ex Jefa de Recursos Financieros.
Perla Woorlich puntualizó además que también pueden ser sujetos de investigación todas aquellas personas que se encuentre involucradas, ya sean empresas o personas físicas, y será el Ministerio Público el que, conforme a sus facultades e independientemente de la falta administrativa cometida, quien determine si se incurrió en delitos en contra del erario público estatal.
En esta conferencia, participaron además el subsecretario de Auditoría Pública Sectorizada y el director de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Fernando Roberto López Hernández, y Rafael Cervantes Ortega, respectivamente.
