La operación, que Iberdrola daba por sentada y que le iba a suponer convertirse en el tercer operador de energías renovables en Estados Unidos, fue desaconsejada en un informe de 445 páginas encargado por la Comisión Reguladora de Nuevo México (pública) y hecho público el pasado lunes.
En caso de que se siga adelante con la operación, que afectará a 800,000 consumidores de Nuevo México y Texas, el informe aconseja que se modifiquen partes del contrato para garantizar precisamente los derechos de esos consumidores, tanto familias como empresas.
El experto Ashley Schannauer, una especie de juez cuyos informes no son vinculantes pero suelen ser tenidos en cuenta, resalta en su informe que la compra de la empresa PNM supondrá probablemente precios más altos para los consumidores y una ralentización en el desarrollo de las fuentes energéticas en el estado.
Alude al hecho de que Avangrid ya posee cuatro plantas en Estados Unidos de las que tres ofrecen servicios insatisfactorios, y una de ellas (en el estado de Maine) fue considerada la más deficiente en una encuesta nacional sobre proveedores energéticos, y al hecho de que la compañía haya pagado millones de dólares en multas por deficiencias en el servicio.
Pero uno de los puntos más delicados es cuando el experto cita los problemas judiciales de Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, imputado desde el pasado junio en el caso Villajero "por soborno, violación de la intimidad y falsificación documental" contra compañías de la competencia.
El experto Schannauer subraya en su fallo que "la investigación criminal es relevante porque puede ser el reflejo de una cultura" (en Iberdrola), ya que "PNM debe mantener su cultura de respeto por las leyes del estado y las federales".