Desde la semana pasada, los trabajadores de más de 40 empresas maquiladoras de Matamoros entraron en huelga, tras hacer demandas de incrementos y bonos inaceptables e imposibles de asumir por parte de la mayoría de las empresas afectadas, a partir de una interpretación errónea por la publicación del decreto del aumento al Salario Mínimo establecido para la zona fronteriza, el pasado 26 de diciembre.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró incompetencia para 13 empresas del sector automotriz y las turno a la Junta Federal; asimismo declaró huelga inexistente en 16 empresas adicionales, lo que implica que deben reiniciarse las actividades. Sin embargo, grupos de personas ajenas a los sindicatos de las propias empresas, y con intereses no claros, han estado bloqueando el acceso de los trabajadores y el restablecimiento de los trabajos.
Tras varios días de huelga, una parte de las empresas han debido aceptar las altas demandas, a fin de no incumplir con los contratos asumidos como proveedores de la industria automotriz –en muchos casos de carácter internacional– lo que traería consecuencias desastrosas para la propia continuidad de la fuente de trabajo.
El conflicto aún persiste en una gran cantidad de empresas, lo que pone en jaque la continuidad de los proyectos productivos, el dinamismo de la economía y la generación de empleo de la región. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index), estima una pérdida de 50 millones de dólares por día.
El Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), INDEX, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Cámara Nacional de la Industria del Acero (Canacero), hacen un llamado a las autoridades federales y estatales para mediar en la consecución de acuerdos razonables y equitativos, y de esta manera proteger y promover el empleo.
Por medio de un comunicado, indicaron que colaborarán para que se eviten interferencias de actores ajenos al conflicto, sindicatos o grupos que persiguen fines individuales o políticos, y que no deben inmiscuirse en el diálogo entre cada empresa y sus trabajadores.
