El Monitoreo y Evaluación de la Política Agrícola 2021 muestra que los 54 países monitoreados, incluidas todas las economías de la OCDE y la UE, más 11 economías emergentes clave, proporcionaron un promedio de 720 mil millones de dólares de apoyo a la agricultura anualmente durante el período 2018-20.
Los consumidores pagaron más de un tercio del apoyo anual, o 272 mil millones de dólares, a través de precios más altos, en forma de sostenimiento de los precios de mercado, mientras que los contribuyentes pagaron los 447 mil millones de dólares restantes, a través de transferencias presupuestarias.
Solo el 6% de todas las transferencias presupuestarias al sector, o 26 mil millones de dólares por año, se gastó en sistemas de innovación agrícola, a pesar de sus altos retornos sociales. Las inversiones en innovación agrícola, bioseguridad e infraestructura representaron solo 76 mil millones de dólares, o el 17% del apoyo a la agricultura, a pesar de su gran potencial para impulsar el crecimiento sostenible de la productividad y mejorar la resiliencia, canales clave para garantizar la seguridad alimentaria, medios de vida viables y uso sostenible de los recursos.
En contraste, la mitad del apoyo a la agricultura distorsiona el mercado, es injusto y dañino tanto para el medio ambiente como para la seguridad alimentaria mundial, según el informe. Además de los 272,000 millones de dólares de sostenimiento de los precios del mercado, esto incluye 66,000 millones de dólares de transferencias presupuestarias anuales vinculadas a la producción o al uso ilimitado de insumos variables, como la energía o los fertilizantes.
“Solo uno de cada seis dólares de apoyo presupuestario a la agricultura a nivel mundial se gasta de manera eficaz para promover el crecimiento sostenible de la productividad y la resiliencia agrícola”, dijo la Directora de Comercio y Agricultura de la OCDE, Marion Jansen. “La mayor parte del apoyo es ineficaz para mejorar el rendimiento de los sistemas alimentarios o incluso dañino. A medida que salimos de la pandemia de COVID-19, los gobiernos deben hacer de la innovación agrícola un elemento central de su apoyo al sector ".
El informe de la OCDE subraya que gran parte del apoyo que se ofrece hoy es ineficaz para transferir ingresos a los agricultores; inequitativo, ya que los beneficios se ponderan hacia los grandes productores; y ambientalmente dañino, ya que a menudo daña la calidad del agua y la biodiversidad y aumenta el uso de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero.
El sostenimiento de los precios del mercado, y el uso asociado de medidas en frontera, también daña la seguridad alimentaria a nivel mundial al impedir la asignación eficiente de recursos, socavar el papel del comercio en el traslado de alimentos de regiones con superávit a regiones deficitarias y contribuir a una mayor volatilidad de los precios en los alimentos internacionales. mercados.
Otras distorsiones en los mercados globales también provienen de políticas en un pequeño número de países que suprimen los precios de algunos o todos los productos básicos. Este sostenimiento negativo de los precios asciende a 104, 000 millones de dólares anuales transferidos de los productores.
Los sistemas alimentarios de todo el mundo se enfrentan al formidable "triple desafío" de proporcionar alimentos inocuos y nutritivos a una población mundial en crecimiento, proporcionar medios de vida a lo largo de la cadena alimentaria y mejorar la sostenibilidad mediante la protección de recursos naturales como la tierra, el agua y la biodiversidad, y la reducción de los efectos de invernadero. emisiones de gas.
El informe de la OCDE propone tres reformas para garantizar que las políticas agrícolas aceleren el progreso hacia el abordaje del "triple desafío" que enfrentan los sistemas alimentarios y respalden mejor el crecimiento sostenible de la productividad y la mejora de la resiliencia:
• Eliminar gradualmente las intervenciones en los precios y el apoyo al productor que distorsiona el mercado.
• Dirigir el apoyo a los ingresos a los hogares agrícolas más necesitados y, cuando sea posible, incorporar dicho apoyo en las políticas sociales y las redes de seguridad para toda la economía.
• Reorientar el gasto público hacia inversiones en bienes públicos, en particular sistemas de innovación.