El 15 de septiembre de 2008, el que fuera uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos se veía forzado a declararse en bancarrota después de que la Casa Blanca y la Reserva Federal decidieran no acudir a su rescate y que las mayores entidades del país rechazaran hacerse con él.
El colapso de Lehman Brothers provocaba un efecto dominó en el sector financiero que finalmente llevó al Gobierno estadounidense a intervenir con unos masivos programas de rescate y que desencadenaría en la crisis más profunda y prolongada desde la Gran Depresión de los años 30.
Un lustro después, la banca estadounidense está más concentrada en unos pocos colosos, puesto que los activos de las seis mayores entidades financieras de este país son ahora un 28 % superiores a los niveles de 2007, pero se han dado pasos para reforzar su estabilidad.
Y es que, en julio de 2010, se adoptó la ley "Dodd-Frank", una ambiciosa legislación de 3.200 páginas gracias a la cual los mayores bancos de Estados Unidos han tenido que crear una suerte de "testamentos vivientes", unas hojas de ruta para ser liquidados en el caso de nuevas crisis.
Estos "testamentos" permitirían que, en el caso de que vuelvan a encontrarse en una situación como la que atravesó Lehman Brothers, se evitase el frenético fin de semana en el que las autoridades reguladoras no alcanzaron a entender la verdadera dimensión de los activos del banco.
Además, la legislación ha conseguido someter a unas "pruebas de estrés" anuales a las 18 mayores entidades financieras del país que en marzo pasado tan solo suspendió Ally Financial, ya que las demás lograban superar el 5 por ciento en la ratio de capital de mayor calidad que establece como mínimo la Reserva Federal.
El año que viene, doce nuevos bancos tendrán que pasar por esas pruebas y se ha incluido a dos compañías, la aseguradora American International Group (AIG, que tuvo que ser rescatada en la crisis) y el brazo financiero de General Electric, a ser sujetas a una supervisión similar.
Sin embargo, solamente un 40 % de las normas de la ley "Dodd-Frank" han sido implementadas, según estima la firma de abogados Davis-Polk, al tiempo que un 23 % no han sido ni propuestas ni finalizadas, entre ellas la controvertida "Volcker Rule".
Esa norma, bautizada en honor al que fuera presidente de la Reserva Federal Paul Volcker, busca prohibir a los bancos hacer inversiones especulativas en beneficio propio y no en el de sus clientes, lo que se ha encontrado con la oposición frontal de los pesos pesados de Wall Street.
En mayo del año pasado se reabría el debate sobre la necesidad de poner finalmente en marcha esa normativa después de que se descubriera que JPMorgan Chase incurrió en unas pérdidas de más de 6.000 millones de dólares debido a unas arriesgadas operaciones en derivados en su oficina de Londres.
De hecho, el secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, reconoció este verano al canal financiero CNBC que quiere que la mayor parte de la ley "Dodd-Frank" se implemente para finales de año para poder decir que se ha puesto fin al concepto de los "demasiado grandes para caer".
Si bien una gran mayoría del sector financiero estadounidense achaca la escasez de circulación del crédito a las nuevas normas que sí entraron en vigor tras la crisis, algunos importantes directivos como el consejero delegado de Pimco, Mohamed El-Erian, creen que no se ha hecho lo suficiente.
"Dada la importancia sistémica (de los bancos occidentales), muchos de ellos fueron rescatados y, con apoyo institucional, volvieron a los beneficios bastante rápido", recordaba El-Erian en un ensayo publicado el mes pasado, titulado "El mórbido legado de Lehman".
"Sin embargo, no han sido sujetos a impuestos sobre los beneficios extraordinarios y los políticos no han hecho lo suficiente para alterar los incentivos estructurales que animan al riesgo excesivo", concluyó el directivo.