Mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno, se solicitó a las dependencias antes mencionadas sancionar a quien enajene o suministre gasolinas o diésel “con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior a la que aparezca registrada en los instrumentos de medición” que se empleen para tales efectos.
Durante la discusión del asunto, legisladoras y legisladores de todos los Grupos Parlamentarios coincidieron en prevenir y sancionar los abusos por parte de las estaciones de suministro de gasolina, donde es una práctica frecuente la venta de litros incompletos.