Indicó que a pesar de que existe la reglamentación, ésta no se cumple y los accidentes en los que están involucradas unidades del transporte público son consecuencia del mal estado en que se encuentran, la negligencia de sus conductores y la corrupción e impunidad con la que se otorgan las concesiones.
Refirió que datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal revelan que en los últimos seis años se han registrado, en la Ciudad de México, 160 muertes, así como dos mil 543 personas lesionadas relacionadas con accidentes vehiculares en los que estuvieron involucradas unidades de transporte público.
Mejía Berdeja mencionó que de los 160 casos de los que se tiene conocimiento, 122 de esos fallecimientos culposos fueron por atropellamiento, 25 por choque de vehículos, once por caídas y dos tipificados como imprudencia por tránsito vehicular.
De las dos mil 543 personas lesionadas, 105 casos ocurrieron por caída del vehículo en movimiento, mil 198 por colisión del transporte y mil 240 fueron tipificadas como lesiones imprudenciales por tránsito vehicular.
Cifras de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, señaló, indican que tan sólo en 2011, se registraron 52 accidentes de este tipo, lo que dejó como saldo al menos 147 lesionados y 23 fallecimientos.
El diputado resaltó que los accidentes relacionados con el transporte de carga no están exentos.
Detalló que esa situación no es exclusiva del Distrito Federal, sino lo mismo ocurre en Guadalajara, en donde cifras del Consejo para la Atención de las Víctimas del Transporte Público (CAVTP), indican que en los últimos cinco años los percances relacionados a los viajes en camiones provocaron lesiones a cinco mil 567 personas.
Otro caso, subrayó, es el Estado de México, con sus mil accidentes al año que las autoridades tienen registrados, y en donde tan sólo el diez por ciento de los choferes cuenta con licencia-tarjetón.
Por ello, presentó un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Transportes, para que los gobiernos estatales revisen y, en consecuencia, apliquen las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los accidentes relacionados con el transporte público.
