El dispositivo se desplegó en cinco bares de la colonia Tacubaya, en la delegación Miguel Hidalgo, cuatro en la calle Erasmo Castellanos y uno en Parque Lira, tras la denuncia de una de las afectadas, de 15 años de edad, quien pertenece a una etnia de lengua tzeltal y es originaria de Chiapas.
Como parte de la integración de la carpeta de investigación, se estableció que presuntamente las víctimas eran obligadas por los encargados de los establecimientos, hoy imputados, a convivir con los clientes, beber con ellos, dejarse tocar y aceptar tener relaciones sexuales con los que pagaran por este servicio, ya fuera al interior de los negocios o en hoteles.
De acuerdo con la entrevista a la agraviada, ella trabajó por espacio de un mes en esta red de establecimientos como mesera, y se dio cuenta de la dinámica que existía, sobre todo por la cercanía que había entre ella y otra de las ofendidas, quien sí prestaba servicios sexuales a los clientes.
Ambas afectadas vivían en un mismo cuarto y se conocieron cuando la menor originaria de Chiapas llegó, embarazada, a la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, la agraviada de 15 años fue recomendada por su compañera para laborar en los establecimientos comerciales.
Cuando había operativos, los implicados escondían a la denunciante junto con otras víctimas, de 12, 13 y 14 años de edad, en el baño.
En una ocasión, la compañera de la ofendida la llevó con mentiras a un hotel, donde las esperaba un hombre, quien la obligó a tener relaciones sexuales con él, a cambio de dinero. La menor decidió comentar los hechos con personal del hospital, cuando fue internada para dar a luz a su bebé.
Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas inició una carpeta de investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.
Luego de que esta procuraduría obtuvo suficientes elementos de prueba, la PDI se coordinó con la Policía Federal para realizar un operativo en dichos establecimientos, donde se localizó a las 17 víctimas y se aseguró a los nueve imputados, quienes se espera sean vinculados a proceso por un Juez de Control.
En tanto, los predios asegurados serán propuestos por el agente del Ministerio Público para aplicar la Ley de Extinción de Dominio.
De 2007 a junio de 2017 se ha logrado la desarticulación de 85 bandas delictivas y 320 sentencias condenatorias, así como un total de 48 inmuebles en proceso de extinción de dominio.