La legisladora del PRD dijo que no existen estadísticas oficiales, ni de parte de autoridades estatales ni federales, sobre el número total de agresiones sexuales cometidas contra mujeres tanto en autotransporte de pasajeros o particular; asimismo, se carece de cifras precisas sobre el lugar donde ocurren las violaciones, pero los casos documentados confirman el riesgo al viajar por carretera.
Las autoridades justifican la ausencia de datos precisos señalando que las víctimas difícilmente denuncian porque van de paso; las víctimas acusan que las denuncias no son atendidas debidamente por las autoridades.
La senadora recordó que en los casos documentados se incluye el asalto a tres extranjeros, dos turistas argentinos y una joven suiza, quienes sufrieron agresiones físicas que pusieron en riesgo su vida y violación, en Chiapa de Corzo, en Chiapas. Los hechos ocurrieron al bajar del autobús donde viajaban.
Los delincuentes aprovechan las obras de rehabilitación o colocan obstáculos en tramos carreteros para forzar a los vehículos a disminuir su velocidad y ante la escasa vigilancia de parte autoridades municipales, estatales y federales, cometen sus fechorías.
Mencionó que otro ataque ocurrió en la carretera México-Nogales, a la altura de la comunidad de El Quelite, municipio de Mazatlán, Sinaloa, cuando una familia, integrada por tres adultos y dos adolescentes, que viajaba en su auto e hicieron un alto para descansar y tomar alimentos; aunque incluso la adolescente fue víctima de violación, el presidente municipal desdeñó la gravedad de los hechos.
Ante estas situaciones, las autoridades han mostrado lentitud en responder, ya que la denuncia que atrajo la atención sobre esta problemática es la de Rosa Margarita Ortiz Macías, quien fue violada en un autobús de la línea ETN mientras pasaban por el Estado de México con rumbo a San Luis Potosí el pasado 7 de junio, sin embargo pocos días después se presentó un hecho similar en la misma vía. El reforzamiento de vigilancia en la zona se efectuó dos semanas después de que los medios de comunicación dieran a conocer el caso.
Si bien las empresas afiliadas a la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo (Canapat) colaboran con las autoridades para que en las centrales de autobuses se realicen revisiones de armas y demás procedimientos para tratar de disminuir el impacto de la inseguridad en la operación de las compañías, en la carretera no hay ninguna medida de protección.
De la Peña Gómez resaltó que para inhibir la comisión de delitos en las unidades del transporte, resulta fundamental implementar operativos de revisión de los autobuses foráneos que circulan por las autopistas, reforzar el número de elementos de la Policía Federal que patrullan las carreteras, la instalación de cámaras de videovigilancia en tramos carreteros y en los camiones de pasajeros.
“Es urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en colaboración con empresas de autotransporte de pasajeros, cumplan sus obligaciones en materia de protección y garantía de los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales, que desarrollen, en forma simultánea, acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.