"La práctica de desmembrar a las víctimas es influenciada por carteles de México. Con estos crímenes no solo buscan eliminar a quien quieran, sino enviar un mensaje de amedrentamiento a quienes no están con ellos o los están confrontando", dijo el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, en declaraciones que publica hoy el diario "El Tiempo" de Bogotá.
Palomino comentó que esto no quiere decir que narcotraficantes mexicanos estén detrás de estos crímenes.
"Solo puedo hacer referencia a que puede haber influencia, no necesariamente que acá estén sujetos del cartel de Sinaloa o 'Los Zetas'; no tengo los argumentos", añadió.
La aparición de cuerpos desmembrados en el principal puerto colombiano en el océano Pacífico empezó a llamar la atención de las autoridades hace varios meses y esta semana la Policía dijo haber detectado la existencia de cuatro casas en las que se habría llevado a cabo esa práctica.
Durante un consejo de seguridad celebrado este viernes en Buenaventura, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, negó la existencia de las denominadas "casas de pique", y explicó que se trata de "organizaciones que se vienen enfrentando y actuando con sevicia total, descuartizando sus víctimas y lanzándolas al río".
Diez personas fueron detenidas por su presunta vinculación con estos casos, que al parecer corresponden a una "guerra" que libran Los Urabeños, Los Rastrojos y La Empresa, tres bandas dedicadas al tráfico de cocaína.
Según la Defensoría del Pueblo, desde 2010 han sido declaradas como desaparecidas 243 personas en Buenaventura. Se estima que a varias de ellas corresponden restos hallados y que no han podido ser identificados.
Investigadores de la Fiscalía General fueron enviados a Buenaventura para inspeccionar las casas donde al parecer se realizaron los descuartizamientos, que ya habían sido denunciados por la Iglesia católica.
El obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza, pidió hace varias semanas a las autoridades que investigaran el caso, ante denuncias de familiares de las víctimas.
La Gobernación del departamento de Valle del Cauca, donde queda Buenaventura, pidió al gobierno nacional que ordene la militarización del puerto.
El presidente Juan Manuel Santos dijo que su gobierno se dispone a hacer una "intervención" en Buenaventura, aunque no explicó si eso supone el envío de tropas.
