El Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 fue presentado por Alejandro Ponce, jefe de investigación del WJP y Layda Negrete, investigadora del WJP. En el evento también participaron Francisco Domínguez Servién, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Paulina Téllez Martínez, Encargada de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, y Matt Stokes, funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley en México (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
"México enfrenta grandes desafíos en materia institucional, especialmente a nivel estatal y municipal. Por consiguiente, es necesario avanzar alianzas y políticas públicas que fortalezcan las instituciones y garanticen el cumplimiento de la ley. Tal transformación requiere de la participación y compromiso de todos. El WJP busca contribuir a tal esfuerzo mediante la generación de información especializada, veraz y oportuna" señaló Alejandro Ponce.
En su segunda edición, que clasifica a las 32 entidades del país, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25,600 personas, de encuestas a más de 2,600 expertos en todo el país y de datos fiables de terceras fuentes. Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: (1) límites al poder gubernamental, (2) ausencia de corrupción, (3) gobierno abierto, (4) derechos fundamentales, (5) orden y seguridad, (6) cumplimiento regulatorio, (7) justicia civil y (8) justicia penal.
Al igual que en la edición anterior, ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.50 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa mayor adhesión al Estado de Derecho. Por segundo año consecutivo, Yucatán ocupa la primera posición en el informe, seguido de Aguascalientes y Zacatecas. En contraste, Guerrero, Puebla y Quintana Roo se encuentran en los últimos lugares de la clasificación. En la edición pasada, Guerrero también se ubicó al final del ranking.
Entre la edición de 2018 y la de 2019-2020, los puntajes del Índice de Estado de Derecho en México aumentaron en 15 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), descendieron en 11 (Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas) y permanecieron sin cambios en seis (Campeche, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Querétaro).
El resultado más preocupante del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es el retroceso en el Factor 5, orden y seguridad, en el cual 19 estados del país bajaron su puntaje, como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, del aumento en la prevalencia e incidencia delictivas y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos.
El Índice también revela algunos avances. La puntuación del Factor 1, límites al poder gubernamental, que mide si los contrapesos limitan el actuar de los gobiernos estatales, aumentó en 26 estados del país. Al igual que en la edición de 2018, el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 confirma que los contrapesos más efectivos de los gobiernos estatales son la participación de la sociedad civil y la prensa.
El reporte completo del Índice, incluyendo perfiles de estados, infografías, videos informativos, metodología y opciones de descarga de datos, así como un micrositio interactivo con los resultados por entidad federativa, está disponible a partir del 13 de febrero de 2020 en: http://index.worldjusticeproject.mx/