Lamentablemente, como suponíamos dichas estadísticas no reflejan una situación halagueña ni mucho menos positiva, puesto que a partir del análisis de los datos se aprecia que 2017 fue el año con la mayor tasa de homicidios dolosos y robos a negocio de la historia reciente. Esto no es poco significativo si consideramos que nos encontramos en un contexto, en el cual la mayoría de los delitos de alto impacto están aumentando en la mayor parte de las entidades federativas. Ello implica que bajo ninguna circunstancia estamos enfrentando una problemática local sino que estamos hablando de un grave crisis de seguridad que afecta a casi todo el país.
Si comparamos lo sucedido en 2016 respecto a 2017, las tasas por cada 100 mil habitantes de homicidio doloso crecieron 22.08%, de homicidio culposo 3.06%, de extorsión 6.17%, de robo con violencia 34.13%, de robo de vehículo 14.37%, de robo a casa habitación 0.27%, de robo a negocio 27.76%, de robo a transeúnte 24.00%. Por su parte, dismunuyó 5.22 % la tasa de secuestro (fuero común y federal) y 2.58% la de violación. Esto evidencia que ocho de los 10 delitos de alto impacto que analizamos en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) incrementaron en el ámbito nacional.
Sin embargo, la situación que enfrenta el país es aún más crítica pues si comparamos las tasas por cada 100 mil habitantes de 2017 con las de 2011, el año que detentaba
la mayor tasa de homicidio doloso desde 1997, el aumento es de 5.09%. En 2011, se investigaron 22 409 homicidios dolosos y se observa que seis años después fueron 25 339. Por lo tanto, es imposible relativizar o minimizar el problema, los números oficiales -que corresponden según lo que informa el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a solo el 6.4% de los delitos totales ocurridos- muestran que el conjunto de autoridades de seguridad y justicia no está logrando cumplir con su función sustantiva: garantizar la vida, integridad física y patrimonial de las personas.
En la descomposición de las relaciones de convivencia, sorprende ver la diferencia de cómo se conducen esos funcionarios que salieron hace cinco años a autoaplaudirse los descensos (que iniciaron en la pasada administración), cómo presumieron eficacia gracias a la coordinación y al uso de inteligencia y que hoy no rinden cuentas, apenas reconocen tímidamente los aumentos y eventualmente descargan responsabilidades. El cambio es radical en términos de sus declaraciones, cuando, por ejemplo en 2014, afirmaban que la disminución de la incidencia delictiva era resultado de la política de seguridad del gobierno de la república, lo cual nos invita cuestionarnos: ¿De quién es la responsabilidad de los aumentos de las actividades delincuenciales del recién concluido 2017?
A pesar de que los mismos funcionarios continúan insistiendo en la coordinación y uso de inteligencia, la evidencia muestra que ninguna de ellas son una realidad en la operación cotidiana de las instituciones de seguridad y justicia de nuestro país.
Simplemente basta recordar que en la mayor parte de los casos no hay coordinación ni siquiera entre áreas de una misma institución, la inteligencia no es compartida y en muchos casos no coincide.