En su propuesta que adiciona la fracción VII BIS del artículo 7 y los artículos 53 BIS y 53 TER, la Legisladora por Colima expuso que las autoridades federales y locales deben “establecer en los centros educativos las restricciones en el uso y exploración de las tecnologías de la comunicación que permitan evitar la comisión de ilícitos contra los usuarios menores de edad”.
Además, consideró que es necesario que las autoridades educativas fomenten la reflexión en el uso y exploración de Internet y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, siempre “privilegiando el desarrollo a la enseñanza e investigación científica y tecnológica”.
De igual modo, en su iniciativa insistió en la importancia de que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá que “documentar y difundir el uso seguro de Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como auxiliar en la investigación y desarrollo de los contenidos educativos”.
Internet ha sido susceptible de ser empleado con fines muy distintos a los que fueron pensados por quienes lo diseñaron y continúan creando esquemas de desarrollo y acercamiento de todos los miembros de la comunidades tanto nacional como internacional, incluso en las localidades más socialmente apartadas, reflexionó Sosa Govea.
Tan sólo en México, precisó, --donde el costo real del servicio es muy elevado comparado con el resto de América del Norte, Europa e incluso algunas naciones de Sudamérica--, existen 20 millones de usuarios de Internet, los cuales día con día se incrementan.
Lamentó que el uso de Internet, en ocasiones, sirva para prácticas delictivas de difícil persecución, como la violación a la propiedad intelectual y fraude en sus distintas formas, pero, sobre todo, la afectación a la dignidad y seguridad personal de un número más creciente de usuarios: la niñez.
“Día con día, un número mayor de menores de 18 años ingresan a la red con fines tan diversos; no obstante, el mayor de los peligros es su creciente acceso a salones de conversación públicos o privados y el empleo sin precaución de redes sociales que los ponen en contacto con todo tipo de personas, entre las que se encuentran agresores de diversa índole que pueden atentar contra su integridad y conducirlos a ser víctimas de delitos graves como acoso sexual, pornografía infantil, violación o secuestro.
“Es importante enfatizar que a nivel mundial, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes mediante el uso de Internet ocupa el tercer lugar dentro de los delitos cibernéticos más frecuentes; la mayor parte de ellos se cometen a través de acciones como el ‘grooming’, que se define como la manipulación psicológica para tener control total sobre la víctima en el momento de la situación de abuso”, argumentó.
La Senadora de Acción Nacional consideró que estas alarmantes condiciones han llevado a muchos padres de familia y maestros a restringir por entero a los menores de edad el empleo de Internet.
Esta limitación, aseguró, no puede ser materializada de forma definitiva, ya que como nueva tecnología constituye una necesidad creada para satisfacer con mayor prontitud los requerimientos de una sociedad en constante evolución.
“Debido a ello, consideramos que la solución a las condiciones imperantes de la red mundial de comunicación no es la denegación a su acceso, sino su control exhaustivo a través de medidas de seguridad establecidas en los sitios de Internet, las brindadas por los prestadores de servicios de navegación y los fabricantes de computadoras y telefonía celular con acceso directo.
“Este control es irrelevante, e incluso inútil, si no consideramos la orientación educativa de nuestra niñez en el adecuado uso de Internet, con el objeto de que su empleo sea absolutamente seguro. Las estrategias vinculadas a la información completa sobre este particular dentro de los círculos familiares y escolares, para ser efectivas, deben ser determinadas con explicitud dentro de nuestro marco legal”, remarcó.
La iniciativa de Sosa Govea se turnó a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictaminación.