El oficialismo quiere hacer valer su mayoría en la Cámara para aprobar hoy mismo el proyecto de ley que declara "de utilidad pública y sujeta a la expropiación" a la CVS, que el gobierno intervino por decreto hace dos semanas.
La iniciativa, sancionada por el Senado la semana pasada, obtuvo ayer el visto bueno de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General de la Cámara de Diputados.
La CVS, antes conocida como Ciccone, es eje de una causa judicial que involucra al vicepresidente argentino, Amado Boudou, investigado por supuesto uso de influencias en beneficio de esa imprenta.
El Ejecutivo justifica la iniciativa en la necesidad de que el Estado recupere la capacidad de imprimir billetes y acuñar monedas de curso legal.
Para el peronista disidente Francisco de Narváez, la expropiación "no permite que se investigue a fondo lo ocurrido", según denunció antes de entrar en la Cámara de Diputados.
"El proyecto nada tiene que ver con la investigación judicial que está en marcha, que va por otro carril, no la interfiere ni la afecta", replicó ante las cámaras el diputado de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.
Diputados opositores han acusado a Boudou de haber intercedido, cuando era ministro de Economía (2009-2011), ante el Fisco argentino para pedir el levantamiento de la quiebra de Ciccone y facilitar su compra por el fondo de inversión The Old Fund, dirigido por Alejandro Vandenbroele.
El vicepresidente ha asegurado que es blanco de una campaña ideada por opositores y firmas competidoras de Ciccone que buscan afectar al gobierno.
