El llamado proyecto de ley "Latidos del corazón", presentado por el representante republicano Webster Barnaby, requiere que un médico realice una prueba e informe a una mujer que desea abortar sobre la presencia de latidos cardíacos fetales, que son detectables a las seis semanas de embarazo.
El proyecto prohíbe que los médicos realicen o induzcan un aborto si se detecta un latido fetal, pero establece excepciones en caso de violación, incesto, violencia doméstica, trata de personas o una condición que amenaza a la madre.
Sin embargo, las mujeres que invoquen dichas excepciones deberán presentar documentación, como una orden de restricción, registro médico u orden judicial, para abortar legalmente.
En virtud de este proyecto de ley se pueden presentar demandas por infracciones y hay posibilidad de reparaciones civiles y daños.
"Es la versión floridana de la ley de Texas y es algo asqueroso", escribió la representante demócrata Anna Eskamani, que el martes participó en una manifestación de mujeres en la capital del estado, Tallahassee, para protestar por la posibilidad de que se restrinja también el aborto en Florida.
La responsable de Agricultura en el Gobierno de Florida, la demócrata Nikki Fried, que aspira a competir por la gobernación en 2022, dijo que el proyecto "latidos de corazón" es "peligroso, radical e inconstitucional".
"La hipocresía del gobernador Ron DeSantis y los republicanos en la legislatura estatal de quitarnos nuestros derechos y al mismo tiempo predicar el lema de “mi cuerpo y mi elección” pero solo cuando se trata del uso de la máscara es repugnante", indicó.
Fried agregó que "esto no es más que un intento descarado de tratar de controlar a las mujeres y nuestros cuerpos" y prometió a todas las mujeres de Florida que "temen por sus derechos y su futuro" que hará todo lo que esté a su alcance para evitar que se convierta en ley.
La nueva ley de Texas, que entró en vigor este mes, prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, que es cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque en muchos casos muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.
No contempla excepciones en casos de incesto o violación.
Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10,000 dólares al demandante si gana el juicio.
Desde del fracaso de un intento para que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueara la ley texana, las autoridades del Congreso floridano no ocultaron su intención de seguir los mismos pasos.
Los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y Florida, Ron DeSantis, están en sintonía en sus políticas y en su oposición a las del presidente Joe Biden.
Este martes unas 200 mujeres, incluidas políticas y congresistas demócratas, se manifestaron a las puertas del Congreso de Florida convocadas por una coalición de organizaciones en favor de los derechos reproductivos encabezada por Planned Parenthood.
