Trump busca flexibilizar control de emisiones causantes de efecto invernadero

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta que busca revertir la regulación impulsada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), que exigía a la industria del petróleo y del gas evitar la emisión de metano a la atmósfera durante la perforación de nuevos pozos; desde oleoductos y gasoductos; y desde instalaciones de almacenaje.

En concreto la EPA busca reducir los requisitos técnicos que hasta ahora se han pedido a las empresas del sector para controlar las filtraciones de metano. 

El director de la EPA, Andrew Wheeler, subrayó en un comunicado que esta iniciativa "libera a las industrias del petróleo y el gas de regulaciones innecesarias y duplicadas".

"La Administración de Trump reconoce que el metano es valioso y que la industria tiene incentivos para minimizar las emisiones y maximizar su uso", añadió Wheeler.

El director de la EPA sostuvo que desde 1990 la producción de gas natural en EE.UU. ha aumentado a casi el doble, en tanto que las emisiones de metano han bajado casi el 15 por ciento.

En consecuencia, "nuestras regulaciones no deberían impedir esta innovación y este progreso", siguió.

Según los cálculos de la EPA, el metano representa casi el 10 % de las emisiones de gases que contribuyen al calentamiento atmosférico y es unas 25 veces más potente que el dióxido de carbono para capturar el calor en la atmósfera.

Las industrias del petróleo y del gas son las principales emisoras de metano en EE.UU., y lo han sido durante mucho tiempo antes de que los avances en la explotación de esquistos bituminosos y la técnica de fracturación hidráulica ("fracking") incentivaran toda una década de nuevas perforaciones.

La administradora asistente interina de EPA para Aire y Radiación, Anne Idsal, dijo en una rueda de prensa telefónica que los cambios propuestos ahorrarán a las industrias de hidrocarburos entre 17 millones y 19 millones de dólares al año.

La funcionaria apuntó, asimismo, que estas normas quedan ahora sujetas a un período de 60 días para comentarios del público y las entidades interesadas en la materia, antes de que entren en efecto.

Esta no es la primera vez que la Administración de Trump intenta relajar las restricciones sobre la emisión de metano, ya que en 2017 el entonces director de EPA, Scott Pruit, trató de suspender las regulaciones, pero un tribunal se lo impidió.

Ante el anuncio de hoy de la EPA, algunas organizaciones ecologistas ya han expresado sus críticas.

"El desprecio de esta Administración hacia la ciencia y el bienestar de nuestro planeta es bien conocido. Sabemos que Trump y sus aliados respaldados por la industria recibieron órdenes de corporaciones guiadas por el lucro", denunció en un comunicado la directora ejecutiva de Food & Water Watch, Wenonah Hauter. 

Hauter recordó que algunos sectores de la industria se oponen a esta propuesta de la EPA, ya que "están al tanto del conocimiento del público del daño que están causando a la Tierra a través del fracking y de la contaminación con metano".

Y es que varias compañías de hidrocarburos, que invirtieron millones de dólares para adaptarse a las reglas promulgadas durante el Gobierno de Obama, no están de acuerdo con los cambios anunciados hoy.

Además, firmas como BP, Exxon y Shell han hecho cuantiosas inversiones en la promoción del gas natural como una alternativa más "limpia" al uso de carbón, y ahora les preocupa que el público pueda considerar el gas un combustible "sucio" si entran en vigencia las reglas que flexibilizan el control de metano.

Esas empresas argumentan también que las disputas legales que estos cambios pueden traer añadirán incertidumbre por años antes de que el relajamiento de las normas de la era Obama repercuta en una reducción de sus costos.

Trump ha dicho en varias ocasiones que el cambio climático es "un engaño" y en 2017 anunció la salida de EE.UU. del Acuerdo de París, algo que no será efectivo hasta 2020, lo que supone el cese de todos sus compromisos climáticos, que suponía reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 %, respecto de los niveles de 2005.